El informe anual de 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en Cuba describe un panorama que el régimen castrista insiste en negar: asesinatos, tortura, prisión sin juicio y una vigilancia constante sobre cualquier intento de disidencia o crítica.
El reporte recoge datos de Cubalex, que entre enero de 2022 y enero de 2024 documentó 56 muertes bajo custodia de las autoridades, muchas de ellas atribuibles a golpes y maltrato en prisiones. Cita casos como el de Roleivis León, quien murió en un hospital tras ser golpeado durante una huelga de hambre. Para el Gobierno de EEUU, los expedientes evidencian que las investigaciones estatales "carecen de transparencia" y buscan encubrir la responsabilidad del Estado, perpetuando la impunidad.
Igualmente, el informe denuncia que el régimen cubano mantiene un control absoluto sobre los medios de comunicación. Ejemplifica con la recién estrenada Ley de Comunicación Social, que refuerza la censura, criminaliza la difusión de información crítica y limita el acceso de periodistas independientes a la información.
Organizaciones como el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), citado por EEUU, han registrado 99 detenciones arbitrarias y 126 agresiones físicas contra periodistas y activistas, además de la imposición de arrestos domiciliarios a figuras de la cultura y la religión.
El informe denuncia asimismo la represión laboral sistemática. Menciona que los trabajadores cubanos no pueden formar sindicatos independientes y la única organización reconocida, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), está controlada por el Partido Comunista. La ley no permite huelgas, limita la negociación colectiva y somete a los acuerdos laborales a la aprobación del Gobierno. Los trabajadores que intentan organizarse enfrentan acoso policial y represalias, añade.
Además, el reporte señala que el salario mínimo nacional está por debajo de la línea de pobreza, las condiciones laborales en el sector estatal y en los emprendimientos privados son deficientes, y la supervisión de seguridad e higiene es prácticamente inexistente. Los médicos —expone como ejemplo— trabajan largas jornadas sin acceso adecuado a alimentos y en hospitales con condiciones insalubres. La informalidad laboral se ha vuelto una necesidad para la supervivencia, aunque los ciudadanos se arriesgan a sanciones si son detectados.
El informe subraya la impunidad generalizada: no se conocen casos de funcionarios sancionados por tortura, detenciones arbitrarias o tratos crueles. Aunque la Constitución protege formalmente los derechos de los ciudadanos, en la práctica, el sistema judicial no ofrece recursos efectivos para quienes sufren abusos.
Así, el Departamento de Estado plantea los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo puede existir libertad de expresión cuando periodistas y artistas viven bajo constante amenaza de detención o violencia? ¿Qué justicia reciben los familiares de personas que mueren bajo custodia, sin investigaciones transparentes? ¿Qué futuro laboral esperan los cubanos cuando la legislación impide la organización independiente, y condena al trabajador a salarios insuficientes y condiciones de riesgo?
A diferencia de años anteriores, el secretario de Estado, Marco Rubio, no presentó una introducción escrita ni hizo comentarios sobre el informe sobre el estado de los derechos humanos a nivel mundial.
El documento fue publicado sin varias secciones específicas presentes en informes previos, como denuncias de abusos por orientación sexual, violencia contra la mujer, corrupción gubernamental, violencia racial o étnica sistémica, entre otras.
El propio informe reconoce que los reportes fueron "simplificados" y señala que esto responde a "mayor utilidad y accesibilidad en el terreno y para los socios", y que busca "responder al mandato legislativo subyacente y alinearse con los decretos del Gobierno" estadounidense.
