En medio de un clima hostil y con la tendencia al aumento de la represión reflejada mes tras mes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció "la nueva escalada represiva ejecutada por la Seguridad del Estado contra la periodista Yunia Figueredo Cruz, directora del medio comunitario Amanecer Habanero, y contra su esposo, el también periodista independiente Frank Correa, como represalia por ejercer el derecho a informar y denunciar los abusos del régimen cubano".
La organización detalló que "Figueredo fue víctima de llamadas telefónicas amenazantes desde un número privado. Al no responder, los represores intentaron contactarla a través del teléfono de su esposo. Fue entonces cuando el mayor Leonel, oficial de la Seguridad del Estado, profirió una amenaza directa y de tono intimidatorio: 'Por no presentarte a la citación te vamos a abrir un expediente de peligrosidad. Y tu esposo no está fuera del problema, porque anda en lo mismo que tú'".
Sobre la mencionada citación, Figueredo dijo a Martí Noticias: "Dije que no me iba a presentar, no firmé la citación y no fui. Ahora, intentaron hacer llamadas a mi teléfono por número privado, pero como no contesté, llamaron al celular de mi esposo. Él contestó y le dijeron que me iban a abrir un expediente de peligrosidad, porque yo represento un peligro para la sociedad".
El ICLEP consideró el incidente como un "acto de chantaje político" que "constituye una grave violación de la libertad de prensa, del debido proceso y de los derechos fundamentales, y evidencia el carácter sistemático y arbitrario del aparato represivo cubano". Indicó, asimismo, que "la intimidación no se limita a la periodista, sino que se extiende a su familia, lo que refuerza el perfil totalitario del régimen".
"Desde que asumió la dirección de Amanecer Habanero, Yunia Figueredo se ha convertido en un blanco directo de la represión estatal. Su labor de denuncia hacia el fracaso del sistema, ha provocado la reacción de un régimen que no tolera el ejercicio libre del periodismo", destacó el ICLEP y alertó que la periodista sufre, entre otras acciones, "vigilancia policial permanente sin orden judicial", "restricción ilegal de su libertad de movimiento mediante advertencias extralegales", "intimidación psicológica contra su familia" y "citaciones policiales sin base legal".
En tal sentido, el ICLEP "responsabiliza al Ministerio del Interior, a la policía política y al Gobierno de Cuba por cualquier daño físico, psicológico o jurídico que puedan sufrir los periodistas independientes y sus familias".
"La represión en Cuba no es un rumor ni una exageración. Está documentada. Tiene nombres, fechas y pruebas. Cada citación, cada amenaza, cada acto de vigilancia contra un periodista independiente cubano es un ataque directo a la verdad y al derecho a informar", sentenció.
Al hilo de lo anterior, el ICLEP resaltó que "la comunidad internacional no puede permanecer indiferente. Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, los mecanismos regionales y globales de protección, y los gobiernos democráticos tienen la responsabilidad de actuar con urgencia, denunciar con firmeza y activar medidas concretas".
Recientemente, el ICLEP alertó que "el segundo semestre de 2025 podría superar ampliamente los 1.000 casos de violaciones a la libertad de expresión y de prensa, lo cual marcaría un récord histórico para los últimos años".
En tal sentido, concluyó: "Con la represión digital intensificada, la criminalización de expresiones religiosas y artísticas, y la profundización del colapso económico, es previsible un aumento en las protestas espontáneas y, con ello, la respuesta violenta del régimen".
