Esta semana, casi un mes antes del cuatro aniversario de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba, el régimen cubano ha comenzado a incrementar la represión sobre activistas y líderes opositores para intentar acallar sus reclamos y las acciones que pudieras sucederse ese día, denunció el grupo de asesoría legal Cubalex.
En tal sentido, la activista Dayana Herrera Morales que fue citada por la Seguridad del Estado a la unidad policial de Aguilera, ubicada en el municipio Diez de Octubre, en La Habana. Allí, agentes represivos le advirtieron que el próximo 11 de julio su casa estará sitiada por varias patrullas policiales para impedirle cualquier movimiento.
"Esta forma de intimidación preventiva no es un hecho aislado: responde a una estrategia del régimen para inhibir la protesta social en una fecha simbólica como el 11 de julio", destacó Cubalex.
Este hecho demuestra, una vez más, que "la represión en Cuba no es esporádica ni producto del azar, sino una política estatal estructurada y sostenida, ejecutada principalmente por el Partido Comunista de Cuba y el Ministerio del Interior", sentenció Cubalex en un reciente informe al respecto.
"Su objetivo es desarticular cualquier forma de disidencia, limitar el ejercicio de derechos fundamentales y disuadir a la ciudadanía de participar en actividades cívicas o de exigir responsabilidades al poder. La magnitud, diversidad y recurrencia de los hechos registrados reflejan una estrategia de represión institucionalizada que atenta contra los principios más elementales del Estado de Derecho y los derechos humanos", denunció.
Asimismo, la represión del régimen también crece al interior de las cárceles, para intentar acallar las quejas de los reos por las pésimas condiciones de los establecimientos penitenciarios. En tal sentido, el preso político Divaldo Valcárcel González fue trasladado recientemente al penal de máximo rigor de Agüica, en Colón, Matanzas, como castigo por protestar dentro de la cárcel, denunció Cubalex.
Valcárcel González se encontraba recluido en el Combinado del Sur y "lo trasladaron después de acusarlo de organizar una protesta en la que participaron otros reclusos", resaltó el grupo de asesoría legal.
"Para muchos, protestar es la única forma de exigir que se respeten sus derechos fundamentales, frente al abandono, la desprotección, los abusos de las autoridades y las condiciones inhumanas en las que se encuentran detenidos", agregó.
Cubalex recordó que Valcárcel González "lleva casi un año encarcelado sin fecha de juicio, lo que aumenta la incertidumbre sobre su situación legal y demuestra cómo se le niegan sus derechos más básicos. Lo acusan de 'instigación a delinquir', un cargo que usan frecuentemente para castigar a quienes piensan distinto o se expresan libremente".
Por otra parte, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, preso político del 11J, lleva dos meses sin recibir tratamiento para la diabetes y la hipertensión en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa", denunció el mencionado grupo de asesoría legal.
Su madre, Martha Domínguez, denunció a Martí Noticias que su hijo "sobrevive en condiciones muy preocupantes, sin alimentación adecuada y sin los medicamentos que necesita para tratar sus enfermedades", toda vez que Bello Domínguez es insulinodependiente y necesita dos dosis diarias de insulina, además del tratamiento constante para la presión.
Cubalex, que sostuvo que "su salud se ha deteriorado visiblemente", detalló que a este panorama "se suma que sufrió un ataque cardíaco en prisión y no recibió atención médica adecuada, lo que aumenta la preocupación de su familia. Además, ha sido víctima de represalias por denunciar las condiciones dentro de la cárcel".
Estos casos, indicó Cubalex, forman parte de un patrón que se repite en Cuba contra activistas, opositores y personas que disienten pacíficamente: "Detenciones arbitrarias que se prolongan sin justificación, Falta de información clara sobre sus procesos y Castigos por ejercer su derecho a expresarse libremente".
