Las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos cubanos son una constante en las cárceles de la Isla. En tal sentido, las amenazas, represalias, medidas arbitrarias, acoso y violencia son un panorama de todos los días en los centros penitenciarios del régimen. Los casos de Ienelis Delgado Cué y Eider Frómeta Allen, así como la campaña lanzada Centro para una Cuba Libre, así lo demuestran.
Delgado Cué, conocida como Mambisa Agramontina y actualmente recluida en la prisión Kilo 5, en Camagüey, denunció recientemente amenazas por parte de la Seguridad del Estado, indicó el grupo de asesoría legal Cubalex, que subrayó que, además de negarle una visita familiar, un oficial le advirtió que, si continúa haciendo denuncias, su acceso al teléfono sería restringido bajo estricta vigilancia o le sería retirado por completo.
Asimismo, el agente le advirtió que sus denuncias podrían 'afectar' su proceso penal, según confirmó la propia Delgado Cué en un audio difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
"Aquí no se respetan los derechos humanos y estoy presa injustamente. Voy a seguir denunciando y no me voy a callar. Lo que pase conmigo es responsabilidad de la Seguridad del Estado", dijo.
Delgado Cué fue detenida arbitrariamente el 24 de abril y, hasta la fecha, desconoce los motivos oficiales de su detención. A inicios de mayo fue trasladada a la prisión de Kilo 5, donde enfrenta acusaciones por supuestos actos contra la seguridad del Estado. Como forma de protesta, sostuvo una huelga de hambre durante 12 días, detalló el grupo de asesoría legal
La activista "es madre de dos menores. Su detención es arbitraria y representa una forma de castigo por ejercer su derecho a la libertad de expresión", recalcó Cubalex.
De igual forma, los juristas denunciaron las represalias que sufre el preso político Eider Frómeta Allen por parte de la Seguridad del Estado, toda vez que las autoridades represivas insisten en negarle el traslado a una prisión en Guantánamo, su provincia de origen y donde vive su familia.
Así, según Cubalex, "el teniente coronel Juan Manuel Fernández Peña, conocido como 'Habanita' y segundo jefe del órgano de cárceles y prisiones en Guantánamo, afirmó que 'no lo quería en la provincia'".
"Esta decisión constituye una clara represalia por su activismo pacífico y por las denuncias que ha realizado sobre las condiciones de vida en prisión", destacó el grupo de juristas y sostuvo que la abuela del preso político "se encuentra en estado crítico tras sufrir una isquemia cerebral, lo que supone una profunda carga emocional para su familia, no solo por la gravedad de su condición, sino también por las precarias condiciones del sistema de salud en la provincia".
"Negar el traslado de Frómeta Allen en este contexto no solo aumenta el sufrimiento de su familia, sino que también refuerza el patrón de represalias. A ello se suma que se le ha negado el acceso a un régimen de mínima severidad y también a la libertad condicional", resaltó Cubalex.
En este contexto, el Centro para una Cuba Libre lanzó recientemente una campaña para exigir la liberación de los presos políticos en condiciones críticas de salud que cumplen sus condenas en las cárceles del régimen cubano. A través de videos testimoniales de familiares, la organización denuncia las precarias condiciones sanitarias de los centros penitenciarios y los riesgos que esto supone para la vida de los reos.
"Con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.155 personas, quienes sufren sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional", denunció este miércoles la ONG Prisoners Defenders que, en un informe al respecto, sumó a siete nuevos cubanos al listado de presos políticos.
"Entre los prisioneros políticos que se encuentran entre rejas hemos documentado 456 presos con patologías médicas graves y 38 presos con trastornos graves de la salud mental, todos ellos sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado", denunció la organización.
