Las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos cubanos son una constante en las cárceles de la Isla. En tal sentido, la negación de tratamiento médico adecuado, las medidas arbitrarias y el acoso, son de las acciones más repetidas, y los casos de Félix Navarro Eider Frómeta, Lizandra Góngora y Lester Fernández, denunciados esta semana, así lo demuestran.
Respecto a Navarro, su esposa Sonia Álvarez expresó a Martí Noticias su preocupación por la delicada salud del líder opositor, incompatible con las condiciones lamentables de los establecimientos penitenciarios cubanos, que son, en sí mismas, otra forma de represión.
"Félix no tiene nada que comer allí en la prisión, nada más que el sancocho que dan ellos. Él es un hombre enfermo de diabetes, que tiene que tener su merienda y en estos momentos no tiene nada porque ellos me dieron una visita de aseo donde no permitieron pasarle ni un caramelo", dijo y alertó: "Yo responsabilizo a la Seguridad del Estado y al régimen de lo que le pueda pasar a Félix".
Por otra parte, a Frómeta, recluido en la mortífera prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, las autoridades penitenciarias le negaron por tercera vez el acceso al régimen de mínima severidad, denunció el grupo de asesoría legal Cubalex y agregó que la medida arbitraria fue extendida por un año adicional.
"También se le negó la libertad condicional. La negación deliberada de estos beneficios constituye una práctica recurrente de castigo contra los presos políticos", indicó Cubalex, al tiempo que subrayó que Frómeta "ha sido víctima de represalias por parte de la Seguridad del Estado debido a sus denuncias sobre las condiciones de vida en la prisión. Ha recibido amenazas de agresión por parte de presos comunes, utilizadas como mecanismo de intimidación".
Además, Frómeta "padece asma, hipertensión arterial y una úlcera gástrica. A pesar de presentar pérdida de peso significativa y dolor persistente en una muela, las autoridades le han negado sistemáticamente la atención médica adecuada".
Por otra parte, Lizandra Góngora, quien cumple su sentencia en la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, a cientos de kilómetros de sus hijos, que residen en Artemisa, sufre el acoso constante de una reclusa común en dicho centro penitenciario, como parte de un esquema orquestado por las autoridades del penal, denunció su familia a Martí Noticias. "Lizandra sabe que le quieren tender una trampa para alargarle los años de condena", dijo uno de sus familiares.
Asimismo, en el caso de Lester Fernández, hermano del ex preso político Luis Robles, cumplió recientemente nueve meses de reclusión sin juicio ni acusación. "Contraté un abogado que no ha hecho nada", dijo su madre a Martí Noticias y agregó: "Los bufetes aquí son del Estado y siempre van a tener que hacer lo que el Estado les diga que hay que hacer".
"Con Lester se están ensanchando para castigar a la familia, castigarlo a él y castigar a Luis", dijo además. "Tanto tiempo después, todavía a los testigos de Lester no se les ha tomado declaración. Usted se entera de que a este lo metieron preso por drogas, pero usted lo ve en la calle a los pocos meses, entonces, ¿de qué parte está la justicia?", concluyó.
"Con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.155 personas, quienes sufren sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional", denunció este miércoles la ONG Prisoners Defenders que, en un informe al respecto, sumó a siete nuevos cubanos al listado de presos políticos.
