Al menos 139 acciones represivas se produjeron en Cuba en febrero, entre ellas 20 detenciones arbitrarias y otros 119 abusos, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) este jueves, mientras el Consejo para Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció las prácticas de terror que ejerce el régimen contra la ayuda social que ofrece la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago.
Según el informe del OCDH, entre los abusos más frecuentes (51) estuvieron actuaciones realizadas contra presos políticos, presos comunes y sus familiares, hostigamientos, citaciones policiales, amenazas y sitios de viviendas.
El Observatorio precisó que La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey fueron las provincias más afectadas.
La represión del régimen al activismo ha continuado en marzo y este jueves el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer denunció que debido al acoso y la persecución del régimen contra todo el que contribuye a la labor humanitaria de la organización desde temprano salió él mismo a comprar alimentos para el comedor social.
"La policía política continúa amenazando, multando, robando, deteniendo, citando, a todo el que llega a nuestro hogar o nos vende algún producto", condenó en Facebook.
En ese sentido, el CTDC lamentó en una declaración en sus redes sociales que al menos 110 personas han sido detenidas por acudir a esta iniciativa de ayuda social, que actualmente atiende a más de 260 ciudadanos habitantes de las zonas más bajas de la pobreza generalizada.
"El CTDC expresa su firme respaldo a la UNPACU, organización fundadora del CTDC, en su incansable labor por la defensa de los derechos fundamentales, los derechos humanos y, especialmente, los derechos sociales de los cubanos. Su labor está dirigida, en sus varias facetas, a aquellos que ya no encuentran respaldo en el Estado. Fallido en su justificación primordial: las necesidades básicas del pueblo", expresó el CTDC.
Denunció que "la represión sistemática del régimen cubano se ha convertido en un mecanismo de control para silenciar a las voces y a los actores más activos de la sociedad, y castigar a quienes buscan ejercer sus derechos fundamentales. Activistas vinculados a la UNPACU y a otras organizaciones opositoras enfrentan amenazas de penas de hasta cinco años de prisión, arrestos arbitrarios y condiciones inhumanas de detención por apoyar o asistir a la sede de dicha organización, sede fundamental también del CTDC", añadió.
Para el Consejo, se trata de "una criminalización sistemática de la ayuda humanitaria, por la cual confisca provisiones, roba el dinero a pacíficos activistas y aterroriza a personas ahora doblemente vulnerables: por la precariedad de su situación y por la coacción psicológica de un papá-Estado que ya no provee".
Condenó que la represión alcanza incluso a los sectores más frágiles de la sociedad. "Un anciano de 86 años, enfermo de cáncer, fue detenido y maltratado por la policía cuando intentaba llegar a la sede de la UNPACU en busca de alimento" y "algunas madres han sido amenazadas con retirarles la custodia de sus hijos por la misma razón".
El CTDC mencionó también el caso de una madre de tres hijos, Mayelín Carrasco Álvarez, quien fue detenida en Río Cauto, provincia Granma, al protestar por la imposibilidad de alimentar a su familia. La mujer permanece detenida, según informó Ferrer García.
"Este trato inhumano a personas que sobreviven en condiciones extremas de desamparo evidencia la falta de valores y la cultura de violencia promovida por el régimen bajo el pretexto de la defensa de su 'revolución'. Estos hechos constituyen prácticas de terror de Estado y contradicen abiertamente el discurso oficial de las autoridades cubanas en foros internacionales sobre derechos humanos", dijo la concertación.
El CTDC instó a Naciones Unidas, a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y su Programa Mundial de Alimentos; a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la OEA; a los organismos de derechos humanos internacionales, "a ofrecer cooperación a la UNPACU para esta acción humanitaria ―conscientes como ya están por sus propios datos del problema de desnutrición que afecta a los cubanos y a los niños en primer lugar― y a asumir con determinación su responsabilidad en la denuncia de estas violaciones". También recordó que José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y presidente del CTDC, está siendo amenazado con el regreso a la prisión por brindar alimentos.
"Reiteramos frente a todo esto nuestro llamado urgente a la Unión Europea para que redoble su apoyo a la sociedad civil cubana, fortaleciendo su resistencia frente a la represión de Estado. La comunidad democrática internacional no puede permanecer indiferente ante la persecución sistemática de la sociedad civil y la comunidad prodemocrática en Cuba, mientras condena a otros regímenes autoritarios. Es momento de actuar", concluyó.
