En celda de castigo la manifestante del 11J Yunaiky Linares, tras meses recibiendo pases de la prisión

La presa política cubana Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, quien cumple una sentencia de ocho años de cárcel en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, por participar en las protestas antigubernamentales del 11 y el 12 de julio de 2021, fue trasladada a una celda de castigo este jueves, informó la activista exiliada Anamely Ramos en su cuenta de la red social X.

El motivo del nuevo es que la joven se vio obligada a brincar la cerca del campamento donde extinguía su sanción bajo un régimen de menor severidad desde hace meses, para buscar a la directora de la prisión, cuenta su madre, Niurka Rodríguez García, a DIARIO DE CUBA.

"El problema es que la cambiaron de colectivo y la pusieron en uno, en el que ya ella había tenido problemas con una presa común", explica Rodríguez García. "Ella consideró que eso era una injusticia y brincó la cerca del campamento, que está al lado de la prisión, para buscar a la directora".

Sobre el problema que anteriormente tuvo su hija con la otra reclusa, Rodríguez García dijo que se trató de una pelea física. No conoce el motivo específico, pero asegura que las autoridades carcelarias "le tiran las presas comunes para arriba" a la prisionera política.

Además de mantenerla en una celda de castigo, las autoridades de la prisión amenazan con devolver a la joven al régimen de mayor seguridad o añadir una causa a su condena.

Desde hace algunos meses, Linares Rodríguez había comenzado a recibir pases de la prisión para estar con su familia, un beneficio que perdería si le es revocado el cambio de régimen.

No es la primera vez que la presa política es trasladada a una celda de castigo. Su madre no puede precisar el número de veces que Linares Rodríguez ha sufrido esa represalia dentro de la prisión, pero asegura que han sido "como cuatro o cinco veces".

Una de las ocasiones en las que la joven fue sometida a ese castigo fue en octubre de 2023, cuando permaneció en la celda durante nueve días. En aquel momento, las autoridades la mantuvieron desnuda en la celda. Antes había sido golpeada por guardias de la prisión, denunció entonces su madre a DIARIO DE CUBA.

"Yo acabo de llegar del Guatao, de donde me llamaron para decirme que mi hija fue golpeada por las guardias y que está en una celda de castigo. Fui a la prisión para verla y saber de su situación, pero la directora de la prisión no me dejó", contó entonces Rodríguez García a esta redacción.

Según explicó en ese momento Rodríguez García, la directora del penal negó que fueran las guardias las responsables de la golpiza que recibió su hija, pero le confirmó que la joven se encontraba en una celda de castigo. 

"Llegando a mi casa recibí otra llamada de las reclusas para decirme que mi hija está en la celda de castigo desnuda, y que era verdad que las guardias le dieron golpes", añadió en aquel momento la madre de la presa política.

Como resultado de las veces que ha permanecido en celdas de castigo, Linares Rodríguez "se enferma mucho de los riñones y tiene gastritis crónica", explica la madre la madre tras el nuevo aislamiento de la presa política.

La joven padece de asma y de las tiroides. Esta última enfermedad le fue detectada en la cárcel "porque le daban muchas crisis vagales y se desmayaba". Actualmente, la joven no recibe los medicamentos necesarios para su padecimiento en la prisión.

Niurka Rodríguez García estuvo entre los cincuenta familiares de presos políticos cubanos que en abril de 2023 enviaron una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que le pidieron exigir al régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel que cumpliera las resoluciones de condena a la represión en la Isla aprobadas por la Eurocámara y que la Comisión Europea utilizara el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana para conseguir la liberación de todos los encarcelados.

Yunaiky de la Caridad Linares García, quien tenía apenas 24 años cuando fue encarcelada, fue acusada de sedición por participar en las protestas antigubernamentales. Inicialmente fue condenada a 14 años de privación de libertad, pero, tras la apelación, la sanción le fue reducida a ocho años de cárcel.