El arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez, pudo visitar en prisión al opositor cubano José Daniel Ferrer García, informó la esposa del preso político, Nelva Isamaray Ortega Tamayo, quien lo consideró "un aliento".
Ortega Tamayo supo por el religioso que el prisionero político "emocionalmente, está fortalecido, siempre con Dios, y que, físicamente, le vio estable, compensado con respecto a otras veces, pero, exactamente, la parte de la salud no está bien", dijo la activista a Martí Noticias.
Entre los problemas de salud que mencionó Ferrer al religioso, según Ortega, están la acidez, el dolor estomacal y un brazo "prácticamente tumbado".
Ortega confirmó que la asistencia religiosa tuvo lugar el pasado 7 de septiembre, y que duró alrededor de dos horas. Monseñor García Ibáñez estuvo acompañado por el padre Camilo de la Paz, a cargo de la Pastoral Penitenciaria.
Desde el 14 de agosto de 2021 Ferrer permanece recluido en una celda en solitario.
"Él sí es firme. Se han mantenido el acoso, la represión y las amenazas de que se recuerde que puede pasar toda su vida en prisión si no decide salir del país, y él ha dejado bien claro que prefiere morir dentro antes que salir" al destierro, dijo Ortega en referencia al ofrecimiento de las autoridades de exilio forzoso al opositor a cambio de su liberación.
En palabras de su esposa, el preso político sigue exigiendo sus derechos a las llamadas telefónicas y las visitas familiares, suspendidas desde hace más de un año y medio, con excepciones de visitas breves como la de marzo pasado, en las que sus carceleros permitieron a su hija, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, visitarlo brevemente y así constatar que no estaba muerto, como se rumoraba en las redes sociales.
En un video publicado este lunes, Ortega Tamayo expresó su agradecimiento por la intervención del diputado Gabriel Matos durante una sesión del Parlamento Europeo la semana pasada, y por el apoyo de todos los eurodiputados y grupos políticos para lograr la libertad de Ferrer.
La esposa del preso político destacó la relevancia que tiene el apoyo recibido por parte del Parlamento Europeo para abogar por una resolución de emergencia y respaldar la nominación de Ferrer al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el ente legislativo. Para Ortega, esta iniciativa es crucial para visibilizar la "grave situación" que enfrenta el opositor en prisión.
"La firmeza con la que defienden los valores democráticos y de libertad que compartimos refuerza nuestra lucha por su liberación. Es importante este apoyo para que el régimen sepa que el mundo está al tanto del caso de los abusos contra mi esposo", dijo.
Recordó las condiciones "inhumanas, crueles y degradantes" que Ferrer García sufre, incluyendo tortura física y psicológica, una pésima alimentación y falta de atención médica y dental.
Ortega Tamayo exigió el lunes 9 de septiembre "fe de vida" del preso político cubano en un mensaje en el que reiteró su petición de solidaridad a las organizaciones y gobiernos democráticos para que se sumen a la campaña por la libertad de su esposo.
Ortega realizó su pedido después de que las autoridades del penal santiaguero Mar Verde le negaran la visita familiar reglamentaria del 3 de septiembre.
José Daniel Ferrer nació en Palma Soriano, Santiago de Cuba, y en la década de 1990 cofundó el Movimiento Juvenil Cubano por la Democracia. Más tarde se unió al Movimiento Cristiano Liberación, liderado por Oswaldo Payá. Estuvo entre los opositores y activistas arrestados durante la denominada Primavera Negra de 2003, y fue condenado a 25 años de prisión. Después de su liberación, fundó la UNPACU.
De 2003 a 2011 estuvo preso en varias prisiones del régimen cubano. En 2019 fue detenido y condenado a cuatro años de prisión tras un juicio por el presunto delito de corrupción, celebrado a puerta cerrada. Fue encarcelado en la cárcel de Versalles, en Santiago de Cuba. En abril de 2020, tras una fuerte presión internacional, su condena fue conmutada por cuatro años y medio de arresto domiciliario.
El arresto domiciliario de Ferrer fue revocado tras el 11J y acabó trasladado a la cárcel de Mar Verde para cumplir el resto de su condena.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, así como varios Relatores Especiales de ese organismo, entre otros, han exigido su liberación y puesto de relieve su caso.
