Marineisy Martínez Villalón, esposa del preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Eider Frómeta Allen, denunció el acoso y las amenazas que recibió por parte de la Seguridad del Estado en Guantánamo, informó el grupo de asesoría legal Cubalex en su cuenta de X.
Según Martínez Villalón, el 15 de marzo fue interrogada en la unidad de Policía conocida como Parque 24, en Guantánamo. Allí fue amenazada por un instructor que se identificó como "Yunior", quien le advirtió que podría ser encarcelada por estar casada con un preso político, además insinuarle que podría quitarle a sus hijos.
Martínez Villalón informó a Cubalex que el oficial le sugirió terminar su matrimonio con Frómeta, quien está recluido desde 2019, para empezar una relación con él. Si aceptaba, le dijo, tendría un mejor futuro, pues su relación actual "iba a terminar mal".
Frente al rechazo de Martínez Villalón, quien dijo que no abandonaría a su esposo, el oficial le advirtió que le haría un "seguimiento" por estar casada con un "contrarrevolucionario".
El grupo de asesoría legal precisó que la conducta del oficial Yunior es un delito de acoso sexual, "previsto y sancionado por el Código Penal cubano con penas agravadas de hasta cinco años de cárcel cuando involucra a autoridades, funcionarios o empleados públicos contra personas a su cargo o sus familiares directos".
Al coaccionar a Martínez Villalón y buscar beneficios personales mediante amenazas, el oficial comete un delito de abuso de autoridad, agregaron los juristas. Este acto, que no solo perjudica a Frómeta sino que excede las competencias del oficial, está sujeto a sanciones legales, incluyendo tres años de prisión.
"La amenaza de separarla de sus hijos, como represalia por su relación con un preso político, es violencia vicaria", subrayaron. Este acto busca quebrantar a la joven y causarle un dolor psicológico, a través de la separación de sus hijos, lo que constituye una forma de violencia de género.
No es la primera vez que Martínez Villalón es hostigada por la Seguridad del Estado. Durante una visita conyugal el 22 de enero de 2024, Frómeta Allen tuvo que protestar para que las autoridades del penal permitieran el acceso a su esposa. Debido a esta actitud, al concluir la visita y salir del penal, la joven fue detenida y trasladada a una estación de Policía, donde la mantuvieron hasta el día siguiente.
"Estos hechos resaltan el estado de indefensión de los activistas y sus familiares en Cuba, evidenciando la impunidad e irrespeto de las autoridades por los derechos humanos, y la ausencia de garantías efectivas para su protección", concluyeron los miembros de Cubalex.
En febrero, varios familiares de presos políticos denunciaron a Cubalex el acoso de la mayor Yudelsis Céspedes Pérez alias "Claudia", en Camagüey. En dicha provincia se le atribuyen actos de intimidación, arrestos y agresiones contra activistas y defensores de los derechos humanos, además de amenazar a los familiares de los presos políticos con tomar represalias contra sus seres queridos encarcelados si realizan denuncias o exponen el trabajo represivo de los oficiales de la Seguridad del Estado en la provincia.
En un informe reciente, la ONG Prisoners Defenders expuso que Cuba mantiene a 1.066 presos políticos en sus cárceles. A lo largo de 2023 se reportaron 1.251 personas detenidas o encarceladas por cuestiones políticas. El informe de la ONG hace énfasis en que los prisioneros cumplen "condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional".
