El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) informó esta semana que durante el mes de febrero se registraron en Cuba 38 violaciones a la libertad de expresión, que incluyen encarcelamientos, detenciones arbitrarias, persecuciones por publicaciones en las redes sociales, amenazas y cortes de internet.
Según precisó en su sitio web, "las violaciones tuvieron lugar en las provincias de Mayabeque (nueve), La Habana y Matanzas (ambas con ocho), Camagüey (cinco), Santiago de Cuba y Villa Cara (ambas con dos) y Cienfuegos, Holguín y Pinar del Río, todas con una".
La organización detalló asimismo, que las acciones fueron cometidas contra 28 personas y una institución (el propio ICLEP), víctima de un hackeo perpetrado por una fuente que sus miembros no pudieron identificar. "En total 11 activistas, seis presos políticos, cinco ciudadanos sin vínculos con organizaciones de la sociedad civil, cuatro opositores y dos periodistas fueron víctimas de atropellos a su derecho a la libertad de expresión", puntualizaron.
Los activistas del ICLEP refirieron que, en cuanto a la clasificación de las violaciones registradas, estas se dividen en: ataques, amenazas y agresiones (15), detención arbitraria (11), restricción en el espacio digital (cinco), uso abusivo del poder estatal (cinco), reclusión (una) y agresión física (una).
"En algunos casos, una misma persona fue víctima de diferentes tipos de violaciones, ya sea en una misma acción en su contra o en varias acciones represivas durante el mes", explicaron.
Como responsables de las arbitrariedades cometidas, los miembros del ICLEP señalaron a la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el sistema penitenciario, así como a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), encargada de los cortes de internet.
Por su gravedad, desde el ICLEP destacaron los juicios realizados contra el activista Yasmany González Valdés y el opositor Frederict Otero Angueira, para quienes la Fiscalía solicitó penas de seis años de privación de libertad, al acusarlos del delito de "propaganda contra el orden constitucional". "Desde nuestra institución alertamos sobre el uso continuado de la práctica de criminalizar judicialmente, mediante diferentes tipos penales, a quienes hacen uso de su libertad de expresión para disentir", escribieron.
Las redes sociales continúan siendo uno de los espacios de persecución de la libertad de expresión por parte del régimen cubano, llevando el acoso a niveles extremos. Según el informe del ICLEP, "la ciudadana María Melisa Chaling-Chong fue amenazada con cinco años de prisión por un comentario en Facebook y Loraine Correa recibió una llamada de advertencia por parte de un teniente coronel de la Seguridad del Estado por quejarse de los apagones en un post".
Los activistas dijeron, además, "que por realizar una directa denunciando las arbitrariedades que sufrió en prisión, fue detenida la ex prisionera política Ienelis Delgado Cué, mientras que el opositor Jorge Cervantes pasó 48 horas en un calabozo por sus críticas en redes sociales. En ambos casos, fueron amenazados con ir a prisión si persistían con sus publicaciones".
Durante el mes de febrero, también sufrieron detenciones y amenazas de prisión los periodistas independientes José Rolando Casares Soto y José Luis Tan Estrada. El activista Alberto Turis Betancourt Pérez pasó dos días detenido, en estado de desaparición forzada, y le fue decomisado su teléfono como represalia por pedir soluciones a los problemas con la calidad del agua en su barrio.
"Las violaciones documentadas por el ICLEP durante el mes de febrero muestran la permanente preocupación del régimen cubano por controlar cualquier espacio y forma en que la ciudadanía pueda ejercer cuestionamientos a su gestión. Estas violaciones constituyen solo un subregistro de cifras mucho mayores, en un país donde la ausencia de libertad de expresión se ha naturalizado y la represión a quienes se atreven a ejercer ese derecho es cotidiana", concluyeron.
