En vísperas del escrutinio del régimen cubano en el IV Examen Periódico Universal (EPU), que tendrá lugar este miércoles en Ginebra, Suiza, nueve organizaciones realizaron un llamado a los Estados participantes en el proceso a realizar "recomendaciones firmes y contundentes" al Gobierno frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba.
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Artists At Risk Connection (ARC), el PEN América, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR), el PEN Internacional, CUBALEX, Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas realizaron 21 sugerencias que buscan "la vida digna, la integridad, la libertad y la justicia de los cubanos".
"En el ámbito de la libertad de expresión artística y de prensa se han observado al menos tres tendencias que operan en contra de estos derechos. La primera es el deterioro de condiciones para ejercer la libre expresión por la reacción violenta de autoridades del Estado en contra de activistas, artistas y periodistas que tienen como objetivo silenciarlos. Las agresiones físicas y digitales, arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias, maltratos y tortura, supresión del servicio de internet y exilio forzado son prácticas usualmente aplicadas en contra de quienes se oponen o critican al gobierno desde este marco de acción", señalaron las ONG en un comunicado.
La segunda tendencia es la criminalización de la protesta social, el derecho a la reunión y a la libertad de expresión. Recordaron que Justicia 11J ha documentado la detención de al menos 1.878 personas en relación con protestas públicas desde julio de 2021. Hasta la más reciente actualización de la organización, 787 continuaban detenidas. "Las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención son una constante", añadieron.
Entre las 21 recomendaciones se encuentran: "Eliminar las prácticas que fuerzan a periodistas, artistas, escritores y defensores al exilio, así como garantizar su retorno seguro; evitar todo acto de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y prensa; modificar el Código Penal y derogar aquellos delitos que criminalizan el ejercicio efectivo de derechos humanos, en particular los 'crímenes de propaganda en contra del orden constitucional, resistencia y desorden público' y otros actos contra la seguridad del Estado, específicamente la financiación contenida en el artículo 143".
También piden "liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos; extender invitaciones a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas de libertad de expresión, derechos culturales e independencia judicial para que realicen visitas in loco a Cuba; garantizar la independencia del poder judicial a fin de velar por los derechos de los ciudadanos que se reúnen y protestan pacíficamente y así garantizar el debido proceso; asegurar condiciones dignas en prisión para las personas privadas de su libertad".
Las ONG recomiendan "reformar la legislación existente que regula el registro de asociaciones así como el derecho de la sociedad civil independiente para asociarse libremente y hacer un llamado a un plebiscito vinculante que permita a las personas decidir la transición hacia un sistema democrático a través de elecciones libres y justas".
También incluyeron pedidos para hacer frente al racismo y la discriminación racial y por una ley que sea comprensible y accesible en materia de violencia de género y tipificar el feminicidio como delito penal autónomo.
Horas antes del IV EPU del régimen cubano en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra activistas cubanos denunciaron el agravamiento de las violaciones de derechos humanos en la Isla, mientras la falsa sociedad civil independiente movilizada por el Gobierno pintó un panorama de ensueño de Cuba y se quejó del embargo de Estados Unidos.
"Cinco años (después) de su (anterior) evaluación, las violaciones a los derechos humanos se han incrementado en la Isla. Así lo pudo ver el mundo entero en el marco de diversas movilizaciones populares, principalmente la histórica del 11 de julio de 2021", dijo Sirley Ávila León, en un foro paralelo en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
Rosa María Payá Acevedo, líder de la plataforma ciudadana Cuba Decide, afirmó que "solo la acción internacional puede ejercer suficiente presión sobre el régimen, para que detenga la represión", reportó Martí Noticias.
"Es crucial que las democracias que forman parte del Consejo de Derechos Humanos se unan a la condena oficial del régimen cubano y actúen. La solidaridad internacional es esencial para evitar próximos asesinatos de la dictadura cubana", dijo, en alusión a la responsabilidad del Gobierno en la muerte de su padre, el líder opositor Oswaldo Payá.
El activista Yunier Suárez cuestionó "por qué se le ofrece credibilidad, escucha y legitimidad" a la narrativa del régimen, "y no así a la voluntad de cambios democráticos hacia un Estado de Derecho que, manifiestamente, ha expresado la ciudadanía cubana durante años".
Para la académica exiliada Anamely Ramos, todas las realidades descritas "serían suficientes para que Cuba no tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, y para que se le hubiese interpelado de manera grave".
En palabras de John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, La Habana "ha subvertido, repetidamente desde 2009, el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, mediante el uso de grupos-fachada para ahogar los informes críticos".
Precisamente sobre este asunto, el diario oficial Granma publicó sobre otro evento paralelo al EPU y que bajo el título "Progresos y retos en la promoción y protección de los derechos humanos en Cuba", aglutinó a representantes de varios sectores que amplificaron la propaganda oficial sobre los supuestos avances en la materia.
El espacio sirvió de tribuna para las quejas por el embargo, que el régimen cataloga como "flagrante y sistemática violación de todos los derechos humanos del pueblo cubano".
Según Granma, la delegación oficial intercambió con diversas contrapartes, en particular, con expertos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y con los asistentes que trabajan con los procedimientos temáticos de la reunión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció en 2018 que el régimen y las organizaciones satélites creadas y promovidas por éste, dentro y fuera del país, intentaron boicotear cualquier análisis responsable en el EPU de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según sostuvo el OCDH en un comunicado, los informes positivos recibidos en Ginebra superaron la cifra de 200, redactados por similar cantidad de organizaciones.
Además, numerosas organizaciones de países violadores de los derechos humanos (China, Bielorrusia, Rusia, Vietnam y otros) apoyan irrestrictamente las estrategias del Gobierno cubano, aunque también lo hacen entidades de países occidentales, las llamadas "asociaciones de solidaridad y amistad con Cuba", creadas por las embajadas de La Habana en el exterior —a través de sus agentes de influencia— y por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, considerado un activo brazo de los servicios de inteligencia cubana.
