El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 143 irregularidades relacionadas con personas privadas de libertad en las cárceles de la Isla, según el informe del mes de agosto emitido por ese programa.
El CDPC, desarrollado junto a Justicia 11J por la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., monitorea incidentes represivos o violatorios de derechos humanos ocurridos en los centros de reclusión de Cuba. Además, sistematiza informaciones sobre el sistema penitenciario cubano posterior a 1959.
Más de un tercio de los casos detectados en agosto (49) se refirieron a problemas de salud y falta de atención médica en los centros de reclusión del país. Las violaciones más frecuentes fueron:
- El incumplimiento de las prescripciones médicas por parte de las autoridades penitenciarias.
- El no suministro de medicamentos y la no realización de estudios clínicos a los reclusos.
- La negativa para la entrega de medicinas llevadas por los familiares ante la escasez en los penales.
- La desatención a aquellos con condiciones médicas especiales, como pueden ser las personas que viven con VIH o quienes requieren de dietas alimenticias especiales.
El CDPC resaltó el uso de la negativa de atención médica como una forma de tortura a los reclusos. Así, por ejemplo, Juan Bautista Zerquera, recluido en la cárcel Nieves Morejón (Sancti Spíritus), se declaró en huelga de hambre para exigir atención médica, pues las amenazas eran la única respuesta ante sus reclamos de estar escupiendo sangre.
En agosto fueron reportados brotes de tuberculosis en el Combinado del Este (La Habana) y en la Prisión Provincial de Pinar del Río. Además, se detectaron enfermedades respiratorias en Nieves Morejón. En todos los casos, las denuncias fueron acompañadas de quejas por el mal trabajo de las autoridades para la atención de los enfermos y la protección de la población penal no contagiada.
La vulnerabilidad de los reclusos a las enfermedades se agudiza por la mala alimentación, el hacinamiento y las pésimas condiciones higiénicas en los penales. Este mes se registraron quejas por alimentación escasa y en mal estado desde varias cárceles: La Bellotex (Matanzas), Combinado del Este, Campamento Baldosa (Cienfuegos), Mar Verde (Santiago de Cuba), Kilo 8 (Camagüey), Las Mangas (Granma), Canaleta (Ciego de Ávila), El Caguayo (Santiago de Cuba, para enfermos de VIH) y Boniato (Santiago de Cuba). Desde la Prisión Provincial de Pinar del Río y Tarea Confianza (Santiago de Cuba), se recibieron reportes de reclusos desmayados producto del hambre, al punto de tener que crear un destacamento para prisioneros con bajo peso en este último centro.
Por otra parte, el trabajo de las autoridades judiciales fue la principal causa de las huelgas de hambre registradas en agosto en las cárceles cubanas. De las 15 personas cuyas protestas fueron documentadas, 11 lo hicieron para rechazar el trabajo de jueces y fiscales o por nuevos delitos que intentaron fabricarles en la prisión. Son los casos de Rolando Fernández, Danisbel Labrada, Antonio Andrés González, Jesús Fernández, Brusnelvis Cabrera, Alexey Cordero, Harold Michel Mena, Yudielkys Mora, Armando Oliver, Wilber Blanco y Ángel Barrera. El resto de los huelguistas fueron Jeudy Lemus, Yuri Almenares, Daniel Moreno, y Juan Bautista Zerquera.
Como práctica recurrente, se observó el internamiento de los reclusos en celdas de castigo, donde no reciben atención médica. Este mismo método, además de aplicarse contra aquellos que se declararon en huelga de hambre, fue empleado contra Fidel García (Agüica, Matanzas), Walfrido Rodríguez (El Pitirre, La Habana), José Daniel Ferrer (Mar Verde), Sulmira Martínez (Prisión de Mujeres de Occidente, La Habana), Dariel Andy Herrera (Prisión de Jóvenes de Occidente, La Habana) y Jorge Reinier Arias (Boniato). En algunos casos, el tiempo de confinamiento en estos recintos, en condiciones inhumanas, supera con creces el límite de 15 días establecido por las Reglas Mandela.
Otra forma de hostigamiento frecuente por parte de las autoridades penitenciarias durante agosto fue el uso de reclusos comunes para hostigar a los presos políticos. Se reportaron agresiones, amenazas y robos contra Lizandra Góngora (Los Colonos, Isla de la Juventud), Yaquelín García (Prisión Provincial de Mujeres de Granma), Maikel Puig (Prisión de Quivicán, Mayabeque), Yasmani López (Centro Penitenciario Tarea Confianza de Morón, Ciego de Ávila), Yuri Almenares (Combinado del Este) y Reinier Calderín (Kilo 8, Camagüey).
Los presos políticos Lester Ayala (Kilo 9, Camagüey) y José Manuel Barreiro (Ariza) fueron ubicados en destacamentos con reclusos sancionados por delitos de sangre como una forma de coacción. Varias de estas denuncias vienen sucediéndose desde hace meses, pero la permisividad y complicidad de las autoridades penitenciarias actúan contra cualquier forma de resolución. De tal modo, los oficiales del penal Tarea Confianza (Sancti Spíritus) se burlaron de Luis Mario Niedas cuando denunció el acoso que sufre por parte de reclusos comunes.
De acuerdo con el reporte, continuaron las denuncias de golpizas por funcionarios de orden interior, así como el actuar agresivo de oficiales de la Seguridad del Estado dentro de las prisiones. En agosto, volvieron a reportarse irregularidades en las llamadas telefónicas de José Daniel Ferrer, Rowland Castillo (Prisión de Jóvenes de Occidente), César Adriam Delgado (Agüica) y los reclusos de la prisión para personas con VIH, Cuba-Panamá (Mayabeque) —el caso más grave—, que llevan más de dos meses sin poder comunicarse por una supuesta avería.
Las visitas familiares siguieron siendo utilizadas como forma de hostigamiento por las autoridades penitenciarias y la Seguridad del Estado, lo que se reflejó en los casos de Jorge Luis Rodríguez (Prisión Provincial de Pinar del Río) y José Daniel Ferrer.
Han sido denunciados también hechos violatorios que dan cuenta de ensañamiento contra los reclusos. Al preso político Maikel Licea (El Típico, Las Tunas) le prohibieron visitar a su madre ingresada en un hospital. La mujer falleció pocos días después. También le decomisaron alimentos, aseo y medicinas que le enviaron a él y a Francisco Ortiz luego de salir de la celda de castigo.
Los 143 eventos documentados ocurrieron en 49 centros penitenciarios y de instrucción de todas las provincias del país. Resultaron víctimas 104 personas (13 mujeres y 91 hombres). Las prisiones con mayor número de reportes durante el mes fueron el Combinado del Este, Ariza y la Prisión de Quivicán. Las instituciones involucradas de modo directo en las violaciones fueron principalmente el sistema penitenciario (110 eventos), la Seguridad del Estado (19), el sistema judicial (18), civiles actuando a nombre del Estado (cinco) y el sistema de Salud (4).
Se identificaron un total de 37 represores (dos mujeres y 35 hombres) que participaron en la comisión de las violaciones. Entre las vulnerabilidades más recurrentes en las víctimas estuvieron el ser preso político (36), activista o defensor de derechos humanos (29), afrodescendiente (24), opositor (23) y padecer enfermedades crónicas (20).
Otro ejemplo de la situación que viven los reclusos cubanos, parte de una denuncia hecha por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sobre la situación de Idelberto Cruz Pérez.
Este hombre, enfermo crónico de 73 años de edad, fue golpeado por autoridades carcelarias en la prisión El Típico, de Las Tunas. Posteriormente, Francisco Ortiz Rodríguez, otro preso también anciano, fue trasladado de prisión tras denunciar el hecho, detalló el OCDH.
