El régimen cubano encarceló a otras 12 personas en el mes de agosto por motivos políticos y registró una suma de 1.045 prisioneros políticos en la Isla, según el más reciente informe de la organización no gubernamental (ONG) Prisoners Defenders (PD).
En su informe del mes de agosto, la organización apuntó que entre los encarcelados hay 36 menores de edad, entre ellos cuatro de sexo femenino, además de 115 mujeres.
"Nos volvemos a hacer eco de las amenazas que las familias de los presos políticos están recibiendo sobre sus hijos, un extremo al que el régimen está llegando para desactivar a los más valientes opositores", dijo a DIARIO DE CUBA Javier Larrondo, presidente y fundador de PD.
El número de presos políticos ha ido creciendo en los últimos seis meses con 91 nuevos casos, un promedio de 15 cada mes, destacó la organización defensora de los derechos humanos.
Los presos políticos en Cuba sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías "sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva", señala el informe.
Uno de ellos, el preso político Luis Robles Elizástegui continúa en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, a pesar de que hace más de tres semanas le fue aprobado el traspaso a un régimen de mínima severidad. Yindra Elizástigui, su madre, contó este jueves a DIARIO DE CUBA que el día antes en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en 15 y K, en El Vedado, las autoridades le informaron que la evaluación del expediente de su hijo todavía está pendiente.
De acuerdo a Elizástigui, en esa oficina le explicaron que era necesario esperar a que se reuniera "el órgano" porque "son ellos los que tienen la última palabra". "Luis está muy preocupado. Me ha dicho que hay otras personas que también se les aprobó y que ya se trasladaron para su campamento", añadió.
El joven fue condenado a cinco años de cárcel bajo los cargos de "propaganda enemiga" y "desobediencia", por manifestarse de forma pacífica con un cartel en diciembre de 2020, en el boulevard de San Rafael, en Centro Habana.
En agosto de 2022 las autoridades negaron el paso a régimen de mínima severidad tras un altercado con oficiales del penal, del que Robles se declaró inocente. En ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 41/22 para otorgarle medidas cautelares de protección a su favor.
Otro caso de represión en cárceles cubanas es el del preso político del 11J Juan Enrique Pérez Sánchez quien, después de manifestarse en el patio de la prisión de máxima seguridad de Quivicán el pasado 1 de septiembre, todavía permanece aislado y sin comunicación con su familia. Según contó la esposa del prisionero al portal informativo Martí Noticias, lo que hizo durante su protesta fue escribir en una sábana "Abajo la Dictadura y Libertad para los Presos Políticos". Denunció también que por ello recibió una amenaza del director del penal de que podía ser trasladado para el hospital psiquiátrico de La Habana.
Pérez Sánchez, de 42 años, fue condenado a ocho años de prisión por su participación en la manifestación popular del 11 de julio de 2021 en Nueva Paz, provincia de Mayabeque, portando con un cartel con la frase: "Era tanta el hambre que nos comimos el miedo".
