El centro de información legal Cubalex denunció el uso del derecho penal en Cuba para impedir el ejercicio de los derechos humanos, en un informe publicado este 2 de agosto.
El documento constituye un corte parcial en una investigación iniciada por Cubalex en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba Justicia 11J.
Se trata del "primer acercamiento al análisis del uso del derecho penal por parte del Estado cubano para restringir y en muchos casos impedir el ejercicio de los derechos humanos a las personas bajo su jurisdicción", explica el centro de información legal en la introducción, en la que señala además que en la Isla "hoy están vigentes la pena de confiscación y de muerte por causas políticas".
Como resultado del trabajo investigativo, Cubalex ha elaborado una base de datos de personas sancionadas por motivos políticos en Cuba, desde 1959 hasta el presente.
Al momento de publicar este primer corte, las organizaciones habían registrado 767 casos que permiten "enmarcar sobre todo la etapa de 1959 a 1979 para profundizar en el proceder político y judicial del Estado cubano en torno a los antecedentes de la discriminación por motivos políticos, la persecución a personas por delitos políticos catalogadas como contrarrevolucionarios y la tipificación de los llamados 'delitos contra la Seguridad del Estado'".
"Esto posibilita establecer no solo la continuidad y sistematicidad de las violaciones de derechos humanos, sino también las similitudes con la represión y enjuiciamiento en los últimos 64 años de dictadura", dice Cubalex en el documento.
Al analizar las constituciones que han estado vigentes en Cuba desde 1959 hasta la actualidad, así como las reformas a las leyes penales, Cubalex apunta que "los delitos considerados políticos en la legislación fueron modificados y reclasificados como delitos contrarrevolucionarios y los acusados tratados como delincuentes comunes que serían juzgados por el procedimiento para los delitos flagrantes, caracterizados por la agilidad del trámite y la brevedad de los términos judiciales".
"Esta modificación significó hacer cumplir a los presos políticos condenas en las cárceles ordinarias junto con los presos comunes, negarles el asilo y la extradición, someterlos a trabajos forzados y obligarlos a usar uniforme de presos".
El informe aborda además que, tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021, conocidas como 11J, el régimen cubano elaboró un nuevo Código Penal, aprobado en mayo de 2022 y puesto en vigor en diciembre último, que "tipifica 28 delitos contra la Seguridad del Estado con penas de entre seis meses a 30 años de cárcel o privación perpetua de libertad, de los cuales 14 incluyen la sanción de pena de muerte".
En las conclusiones del informe, Cubalex advierte que "desde 1959 hasta la actualidad el grupo político en el poder, a través de la reforma constitucional, eliminó la posibilidad de la reforma del sistema político y económico, impuso la Constitución, las leyes, la existencia y fines del Estado socialista como límites al ejercicio de los derechos fundamentales, incluido aquellos que según el derecho internacional no admiten restricción o suspensión".
