Hasta nueve años de cárcel para los cienfuegueros que protestaron contra los apagones en 2022

El Tribunal Militar Territorial Central de Cienfuegos sentenció a penas de hasta nueve años de prisión a ocho manifestantes del poblado de Covadonga, en el municipio Aguada de Pasajeros, que protestaron el 30 de julio de 2022 a causas de los largos apagones. Según reportó Martí Noticias, que tuvo acceso a la sentencia, un noveno acusado, Elier Alfonso Fonseca, de 31 años y que se encontraba en libertad condicional a la espera del juicio, logró escapar del país.

Los cienfuegueros fueron acusados de sedición, desacato, sabotaje y robo con fuerza, según recoge la imputación oficial firmada por el teniente coronel José Antonio Comas Yanes.

Recibieron nueve años de cárcel Seify Carmona Méndez y Gianny Betancourt Leiva, miembros del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Elisnaide Martínez Cañete recibió cuatro años de prisión, mientras que Roche Valentín Ibáñez González, Pedro Caride Santana y Jorge Armando Castañeda Terrero, fueron sentenciados a tres años de privación de libertad.

Dagoberto Escobar Sosa, de 62 años, y el manifestante más joven, Marcos González Castro, de 18, recibieron dos años de cárcel.

Abogados consultados por DIARIO DE CUBA, después de analizar la sentencia, consideran que "existe un sobredimensionamiento en el acto calificativo de delitos". "La investigación, el juzgamiento y la sentencia aseguran una represión ejemplarizante de conductas que pudieron terminar con multa y el pago de responsabilidad civil en el ámbito administrativo penal, por los daños que se pudieran vincular a los encartados", aseguran. 

Explican que tanto "la narrativa acusatoria" como la del tribunal "fundan responsabilidad penal en ideas subjetivas que nacen de la interpretación personal e ideológica de los acontecimientos", y se obvia la intención de varios de los acusados, que no pretendía otra cosa que participar en las protestas como manifestante.

Estos son "derechos de participación que ampara la Constitución", señalan los abogados, con independencia de "no existir normativa legal reguladora de la reunión, manifestación, expresión, queja y petición ciudadana contra la representación del poder". Añaden que las autoridades obvian que los gobiernos, con sus administraciones públicas, "existen para gestionar con certeza los servicios públicos mínimos indispensables". 

"Los pueblos tienen derechos a rebelarse contra todo acto que perjudique sus derechos básicos de subsistencia y los gobiernos tienen el deber de responder con medidas cívicas, no violentas o privativas de libertad", agregan.

También precisan que "no hay delito de desacato agravado" porque "tararear la frase de una canción, específicamente 'Díaz-Canel, Singao', no puede sacarse del contexto al que pertenece".

En cuanto al delito de sabotaje, consideran que "la rotura de la cristalería de la entidad afectada" debió integrarse en el delito de desórdenes públicos, "habida cuenta de que el desorden público recoge como elemento de acusación cualquier conducta que altere el orden público establecido". Para los expertos, "estamos ante un abuso por exceso normativo que afecta severamente los derechos de libertad de varios de los acusados, que ahora tienen que asimilar varias penas, cuando debió ser una sola".

Los letrados aseguran que la Fiscalía "no probó en todos los casos" el hecho de que los acusados fueran los promotores del desorden público y que utilizó "como elementos incriminatorios testigos parciales, pertenecientes al Ministerio del Interior, e informaciones venidas del trabajo operativo secreto, que nunca se dieron a conocer a los abogados".

"Al no ser información contrastada en juicio oral, debió decretarse judicialmente su nulidad conforme lo exige las reglas nacionales e internacionales del debido proceso", añaden.

"Es abusivo igualmente calificar el delito de sedición" porque, explican los especialistas, entre los acusados "no existía intencionalidad, coordinación, ni evidencia", de que la protesta tenía como objetivo derrocar el gobierno local o el nacional. "Dicho delito exige, además de la citada intención de derrocamiento, una voluntad irrestricta de permanecer hasta las últimas consecuencias en la postura de sedición. No siendo el caso, el tribunal debió desentenderse de esta imputación", finalizaron.

Según Martí Noticias, el juicio se celebró a inicios de junio pasado en una sala del Tribunal Provincial Popular, en la zona de La Juanita, que estuvo "tomada durante las tres jornadas por miembros de la Seguridad del Estado". Varios testigos presenciales denunciaron "la incongruencia de las declaraciones de los testigos de la Fiscalía" y los familiares de los procesados "se quejaron de la falta de profesionalismo de los fiscales y jueces, que impidieron el testimonio de algunos testigos de la defensa".

Durante el juicio los acusados reconocieron su participación en la manifestación y que gritaron consignas para que pusieran la electricidad, pero negaron estar vinculados a "vandalización y el robo de la tienda y la rotura del cartel gubernamental con la imagen de Fidel Castro".

"Una vez más se ve la represión de la policía política en contra de líderes de la sociedad civil independiente cubana. Los sucesos de julio de 2022 en Covadonga fueron espontáneos y no fue liderado por nadie. Fue un estallido social en un poblado cansado de los apagones, la miseria y la explotación, con responsabilidad del régimen", dijo a Martí Noticias el líder opositor Juan Alberto de la Nuez Ramírez.

El activista subrayó que la mayor sanción fue en contra de los miembros del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación.

Ahora los familiares tienen diez días hábiles para apelar la sentencia y De la Nuez asegura que las familias "van a apelar" porque consideran que "es una injusticia". "Es una farsa que los acusen de robo, cuando fue la multitud de pueblo quienes entraron en la tienda, y lo que hicieron fue romper los artículos, porque fue una venganza contra el sistema”, concluyó el opositor.

El Tribunal Militar que emitió sentencia estuvo integrado por el teniente coronel Wuilder Pérez Gambia, la mayor Lisett Castro Rey, el teniente coronel Rolando Adel Romeu Delgado, el mayor Antonio Puerto Sorio y el capitán José Ramón Acevedo Cabrera.

Anteriormente De la Nuez había explicado, en relación a lo ocurrido en el poblado de Covadonga, que durante la primera jornada "arrestaron a más de 60 personas", pero que en los días posteriores "siguió la represión en el poblado". Señaló que en total, "la cifra llegó casi a los 200 detenidos, porque la multitud que salió a protestar el día 30 de julio de 2022 fue inmensa".