El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 5.499 acciones represivas en Cuba durante todo el año 2022, en un informe dado a conocer en su página web.
''El OCDH observó en 2022 la consolidación de patrones como la represión más allá de la oposición y sociedad civil, que ha mantenido su escalada hacia sectores de la población no vinculados tradicionalmente a la oposición política. Esta tendencia se manifestó visiblemente en la represión desatada contra los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021, y en 2022 contra manifestaciones en varias zonas del país'', dijo esta organización con sede en Madrid.
Otro patrón predominante en el año que concluyó fue el encarcelamiento o exilio forzoso de activistas, opositores y periodistas independientes. Esta ONG contabilizó al menos la salida hacia el exterior de 53, debido a las amenazas de cárcel que pesaban sobre todos ellos.
El OCDH registró, además, 1.354 detenciones arbitrarias, de ellas 832 correspondieron a mujeres, la cifra más alta desde 2018.
De igual modo, denuncia 697 acciones represivas contra periodistas independientes, entre ellas las amenazas, vigilancia, las citaciones y las restricciones de datos móviles y de líneas telefónicas.
''El gobierno cubano continúa sin dar acceso a organismos internacionales para que verifiquen el estado del sistema carcelario, integrado por al menos 293 centros, con la población penitenciaria per cápita más alta de América Latina, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos'', añadió en su informe el OCDH.
Debido a la grave situación por la que atraviesa Cuba en todos los ámbitos de la sociedad, el OCDH solicita ''que en cualquier agenda de diálogo bilateral con las autoridades cubanas se exija la eliminación del nuevo Código Penal, la criminalización del ejercicio de los derechos humanos y de la pena de muerte''.
Sugirió también la constitución de un grupo de seguimiento a la situación de los derechos humanos en la Isla, formado por EEUU, la Unión Europea, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que este grupo escuche a la sociedad civil independiente.
Por último, recomendó "sancionar o continuar sancionando, individualmente, a los violadores de derechos humanos, bajo los principios de las leyes Magnitsky y otros programas de rendición de cuentas de EEUU, la Unión Europea, Canadá, Australia, Reino Unido y otros países''.
