El grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J sumó cinco presos políticos más a su registro, que ya alcanza las 1.771 personas arrestadas tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
"Hemos accedido a un nuevo documento legal a través del cual incorporamos cinco manifestantes de julio a nuestro subregistro del 11J. Con ellas, sumarían 1.771 las personas detenidas en relación con protestas en algún momento desde julio de 2021 hasta hoy", señaló la plataforma en un hilo en Twitter.
"El documento fechado el 19/09/2022 constituye una adición al EFP (expediente de fase preparatoria) 145 radicado por el delito de sedición por la protesta del 12J en La Güinera, firmado por la fiscal provincial Lic. Roeldis Matos Delgado", añadió.
Los acusados, asegurados con la medida cautelar de prisión provisional son Yemny Yak Mena Nuviola (29 años de edad) con 12 años de privación de libertad como petición fiscal; Luis Alberto López Marrero (25), 15 años de cárcel de petición; Ihazmell Hernández Montoto (29 años), 11 años de petición; Yosandri Mulet Almarales (34), 13 años de posible condena, y Yurien Rogelio Méndez Herrera (27), 14 años de posible condena.
Según el grupo de derechos humanos, con medida cautelar de fianza están Alejandro Rodríguez Chávez (29 años), 13 años de privación de libertad como petición fiscal; Agustín Jonathan Vargas Díaz (18 años), siete años de petición, y Aldo Delgado Romero (47 años), diez años de posible condena.
Según anunció el activista Marcel Valdés, algunas de estas personas serían juzgadas en el Tribunal de Diez de Octubre y el juicio habría comenzado el viernes.
Justicia 11J alertó de que Yosandri Mulet Almarales habría intentado suicidarse en junio de este año e Ihazmell Hernández Montoto tiene discapacidad intelectual y necesita fármacos para padecimientos psiquiátricos. Sus familiares denuncian que ha intentado suicidarse en dos ocasiones. Presos políticos en situación similar han denunciado negación de atención médica.
"También hemos conocido, pero no hemos podido verificar de manera independiente, que el pasado 2 de diciembre ocurrió el juicio correspondiente al EFP 144, al que no hemos tenido acceso, cuyos acusados son mencionados en el EFP 143 por participar en la misma protesta (Esquina de Toyo)", añadió el grupo.
Por otra parte, Justicia 11J recordó que el pasado 1 de diciembre "entró en vigor un nuevo Código Penal en Cuba en el que la privación perpetua de la libertad y la pena de muerte continúan siendo parte de los castigos" a delitos como el de sedición. "Estas sanciones se aplicarán casi exclusivamente en delitos contra la Seguridad del Estado".
"Si bien esta normativa jurídica forma parte de las contempladas por el Gobierno como parte de la reforma penal anunciada en 2019, no es hasta luego de la protesta que se hacen públicas las versiones del anteproyecto que, finalmente, fue aprobado por la Asamblea Nacional de Cuba en abril", añadió la plataforma.
"En esta normativa se mantienen los 16 años como edad de responsabilidad penal, a pesar de las críticas desde la sociedad civil y desde organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU", denunció Justicia 11J.
