Con 589 protestas públicas registradas en Cuba, octubre de 2022 superó en expresiones de malestar a julio de 2021, el mes de las históricas manifestaciones nacionales, informó el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) en su informe mensual dedicado al tema.
"Es significativo que, más de un año después del 11 de julio de 2021 y tras haber implantado una ola de terror en todo el país, el número de protestas públicas –en que las personas, sea de forma individual o colectiva, dan la cara al hacer su denuncia– fuese superior a las 584 del mes de julio del año pasado, y que nunca desde entonces hubiesen ocurrido tantas manifestaciones colectivas callejeras a lo largo del país como en este mes de octubre", indica el informe.
El OCC precisó que del más de medio millar de manifestaciones, 71 estuvieron "directamente vinculadas a la toma de calles entre cacerolazos, marchas y barricadas en las vías, una cifra mayor que las protestas callejeras que tuvieron lugar en septiembre (43)".
Octubre fue especialmente explosivo, sobre todo después que el huracán Ian azotara el occidente de la Isla el 27 de septiembre y un apagón nacional imprevisto hiciera tocar fondo el depauperado sistema eléctrico del país. Ello hizo que en decenas de puntos de La Habana las personas volvieran a tomar las calles, algo no visto desde el 11J, y a que el régimen respondiera implantando el terror mostrando a sus paramilitares armados de garrotes de madera.
El OCC recuerda que en medio de esa nueva crisis "el Gobierno recurrió reiteradamente a bloqueos del servicio de internet en las localidades donde se reportaban estas demostraciones para evitar el contagio y una reacción en cadena nacional. Su única respuesta a las crecientes demandas de la población continúan siendo la represión y procesos judiciales contra los manifestantes que consigue identificar, no aprestarse a dar un vuelco a la crítica realidad que origina estas protestas".
Según el Observatorio, de las 589 protestas ocurridas en octubre, 263 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles (45%), mientras que 326 fueron originadas por demandas de derechos económicos y sociales (55%).
La conflictividad social sigue en máximos, recuerda el informe, puesto que "el inmovilismo de la oligarquía y su violenta escalada represiva bloquean las salidas de la crisis y hacen que la sociedad camine al borde de una navaja".
Asimismo, hoy la inflación del 176% califica como la segunda más alta del mundo; "la agricultura estatizada intensifica la escasez y carestía de los alimentos; se incrementa la cantidad de desamparados, a los que se han sumado los damnificados por el huracán Ian; se agudiza la crisis del sistema de salud en medio de un nueva epidemia de dengue, y el colapso energético continúa afectando a millones de hogares y miles de centros de producción".
Reitera que "la escalada de violencia estatal", como se manifestó en Bahía Honda en el hundimiento de una lancha con migrantes por una unidad naval de las Tropas Guardafronteras, que provocó siete muertos, "aumenta el peligro de generar violencia popular".
Asimismo, el Observatorio indica que "el brazo propagandístico de la represión también evidencia una pérdida de credibilidad frente a la respuesta inmediata en medios independientes y redes sociales. (...) El crimen ocurrido a fin de mes contra los migrantes en Bahía Honda no fue el primero ni el mayor ocurrido en estas seis décadas, pero la población y la opinión pública internacional pudieron conocerlo el mismo día por un video y los testimonios de los supervivientes subidos de inmediato a internet".
Además, subraya, "la legitimidad de los voceros oficiales y sus troles ha sido cuestionada incluso por las plataformas de Twitter y Facebook, que suspendieron algunas de sus cuentas icónicas".
