La organización independiente Justicia11J denunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que en los últimos dos meses han documentado al menos 15 casos de presos políticos en situación de vulnerabilidad mientras alrededor de una decena se encuentran plantados en huelga de hambre.
"En los meses de agosto y septiembre hemos visto con preocupación el agravamiento de la situación de vulnerabilidad de varias personas en detención por su participación en las protestas a las que este grupo de trabajo da seguimiento, así como el de otros presos políticos", señaló la organización independiente.
Entre los prisioneros con una situación compleja física o mental se encuentra Andy García Lorenzo, de 23 años, quien sufrió una intoxicación alimentaria que le provocó vómitos, manos temblorosas y engarrotadas y falta de aire.
También mencionaron el caso de la cubana Angélica Garrido, quien se encuentra en huelga de hambre tras sufrir un accidente cerebrovascular que le paralizó la mitad del cuerpo producto de acumulación de estrés.
Otro de los casos de prisioneros vulnerables es el de Dayron Martín Rodríguez, de 36 años, quien es un paciente de psiquiatría altamente depresivo, con intentos de suicidios, que ha sido recluido con anterioridad por períodos prolongados en un sanatorio mental.
Por otra parte, Justicia 11J mencionó una decena de casos de presos políticos cubanos que se encuentran plantados en huelga de hambre, como son los casos de Angélica Garrido, María Cristina Garrido, Lizandra Góngora, Carlos Ernesto Díaz, Carlos Manuel Pupo, Frank Michel Monterrey, Maikiel Armando Peña Suárez, Pedro Albert , Walfrido Rodríguez Piloto y Yordi García Fournier.
Justicia 11J también dijo que testimonios de personas en detención, ex presos y familiares han desmentido las óptimas condiciones de reclusión descritas por el régimen cubano en el informe presentado recientemente ante el Comité contra la Tortura de la ONU.
Solo entre los meses de agosto y septiembre la organización independiente documentó más de medio centenar de denuncias sobre condiciones de las prisiones, así como de situaciones de violaciones de derechos en su interior.
Entre los casos documentados se encontró la prohibición de llamadas y/o visitas familiares, la negación de asistencia médica oportuna, la negación de recepción de medicamentos, la sobrepoblación, la mala alimentación, los traslados a áreas con multi reincidentes, la violencia de reos comunes contra presos políticos, los traslados a celdas de castigo como represalia por huelgas de hambre, las deplorables condiciones, los brotes de chinches, cucarachas y sarna, así como la represión, los maltratos y las agresiones.
