El abogado independiente cubano Julio Ferrer Tamayo presentó este lunes una demanda en la Sala de Amparos Constitucionales del Tribunal Provincial de la Habana, donde exige la restitución de su derecho a salir libremente del país.
"Es inobjetable, la afección, que como persona he sufrido y continúo sufriendo (mis familiares también), por la vulneración ilegítima de mi derecho constitucional a salir libremente del país sin más limitaciones que las establecidas legalmente, en mis sentimientos, honor, reputación y en la consideración o concepto desfavorables que de este suscriptor se hayan formado todos los allí presentes en la Terminal No. Tres del Aeropuerto Internacional José Martí (…), cuando las autoridades migratorias, sin razón legal alguna, me impidieron ejercer tal derecho (...)", expone el jurista en su escrito al cual DIARIO DE CUBA tuvo acceso.
Ferrer Tamayo exige también una compensación económica de 3.569 pesos por parte del Aeropuerto Internacional José Martí, por los daños causados a su equipaje en octubre de 2019. En esa fecha, se le impidió abordar el avión y, cuando horas después le fue devuelta, su maleta presentaba roturas.
Además, reclama una retractación pública por parte de la Dirección de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior (MININT).
Esta no es la primera demanda que interpone el miembro del centro de asesoría legal Cubalex ante el Tribunal Provincial de La Habana, por el mismo motivo. En enero de 2020 presentó la primera en esta instancia de justicia, donde exigía que se revocara la medida de prohibirle salir del país, pero la Sala de lo Civil y Administrativo de ese Tribunal declaró inadmisible la demanda excusándose en la inexistencia de una norma legal complementaria que regulara el derecho constitucional al libre movimiento.
Julio Ferrer Tamayo es un abogado que tiene una larga historia de pleitos contra los órganos de justicia en Cuba. Debido a su vinculación a organizaciones promotoras del ejercicio de la abogacía libre y el asesoramiento jurídico fuera del control estatal, ha estado encarcelado en dos ocasiones. Su esposa también estuvo presa por una supuesta estafa, delito que el jurista siempre consideró una represalia por la labor desarrollada por él, primero en la Asociación Jurídica Cubana y luego en Cubalex.
Destacan entre sus demandas las que interpuso contra el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, donde exigía a este alto funcionario una retractación pública ya que los diplomáticos cubanos acreditados en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas habían calificado a Ferrer Tamayo y a todo el equipo de Cubalex como "vulgares delincuentes".
A finales de 2020 el abogado, oriundo de Santiago de Cuba, interpuso una demanda contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, quien, a su consideración, violó las medidas sanitarias impuestas debido a la pandemia del Covid-19, al llevar la mascarilla por debajo de la nariz durante un acto convocado por el régimen en el parque Trillo de La Habana.
Esta es la segunda demanda conocida de un activista de la sociedad civil cubana en la que se utiliza la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, aprobada en mayo pasado, para obtener la restitución de derechos reconocidos en la Carta Magna que han sido vulnerados.
La primera conocida fue interpuesta por la activista Yanilys Sariego Acosta ante la Sala de Amparo Constitucional del Tribunal de Matanzas para que le restituyan sus derechos y le den por escrito el cierre del proceso penal por el cual las autoridades quisieron encausarla en la jornada del 15 de noviembre de 2021, fecha para la que estaba prevista la marcha cívica por el cambio que convocó la plataforma Archipiélago y que fue frustrada por el régimen mediante un despliegue militar, arrestos y actos de repudio contra personas que habían declarado su intención de manifestarse ese día.
El régimen cubano utiliza la prohibición de salir del país como una de las represalias más extendidas contra activistas, opositores y periodistas independientes. Aunque más de 300 cubanos vinculados a la sociedad civil han sido objeto de esta medida son pocas las demandas ante la justicia en busca de la restitución de este derecho constitucional.
