Cualquier otra persona habría desistido ya, pero el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo es de una persistencia a toda prueba. Este miércoles presentó por tercera vez, ante la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial de La Habana, una demanda contra canciller Bruno Rodríguez en la que exige al funcionario una "retractación pública" por haber hecho afirmaciones "falsas y ofensivas" sobre su persona.
La demanda es similar a la que en dos ocasiones anteriores los tribunales cubanos le han rechazado. Pero "aun cuando esta Sala del Tribunal la ha considerado 'inadmisible' en el pasado, todavía quedan maneras legales de poder presentarla y de llegar hasta el Tribunal Supremo. Pienso agotar las vías internas para demostrar la total inexistencia de un Estado de Derecho" en la Isla, declaró Ferrer a DIARIO DE CUBA.
La solicitud de este abogado a la Justicia es que el canciller rectifique las afirmaciones hechas a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en 2016. La misión diplomática del régimen calificó entonces a Ferrer Tamayo y a todo el equipo del independiente Centro de Información Legal Cubalex de "vulgares delincuentes bajo el ropaje de defensores de los derechos humanos".
En las anteriores ocasiones (la primera data de diciembre de 2017), los jueces cubanos acudieron a "coyundas legales" o argumentaron "falta de jurisdicción" para evitar que la demanda contra Bruno Rodríguez prosperara. De haberla admitido, se habrían visto obligados —al menos— a notificarle al canciller que en el Tribunal había un proceso en su contra.
Este no es el único proceso judicial que intenta este abogado contra funcionarios cubanos. También ha demandado a las autoridades carcelarias y judiciales que condenaron a su esposa, Marienys Pavó Oñate, a siete años de cárcel por una supuesta estafa.
Tanto Ferrer Tamayo como su esposa consideran la prisión que sufrió Pavó Oñate una represalia por el trabajo de él como abogado independiente.
De igual manera, a finales de noviembre del pasado año Ferrer Tamayo, junto a otro jurista independiente, solicitó la revocación del Decreto 389, que legaliza la vigilancia electrónica sobre los ciudadanos cubanos. Por ese motivo, ha sido objeto de represalias por agentes de la Seguridad del Estado y se le ha impedido salir del país.
