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Derechos humanos

Abogados independientes piden la derogación del decreto que legaliza la vigilancia electrónica en Cuba

Es 'una violación flagrante a los derechos humanos de los cubanos, en especial el derecho a la privacidad y la intimidad'.

La Habana
Vigilancia electrónica.
Vigilancia electrónica. V13 S.A.C.

Los abogados independientes Julio Ferrer Tamayo y Edilio Hernández Herrera entregaron el jueves una petición formal a la Asamblea Nacional del Poder Popular donde solicitan a este órgano legislativo la "no ratificación y revocación total" del recién promulgado Decreto 389, que legaliza la vigilancia electrónica sobre los ciudadanos cubanos. 

"Consideramos que este decreto es una violación flagrante a los derechos humanos de los cubanos, en especial el derecho a la privacidad y la intimidad. Con él se legaliza lo que los órganos de seguridad y control en nuestro país venían haciendo desde hacía mucho tiempo. Esta nueva ley no se ajusta a lo estipulado en los convenios internacionales en materia de lucha contra el delito y las técnicas especiales y excepcionales que se utilizan para combatirlos", explicó a DIARIO DE CUBA el abogado Julio Ferrer. 

En el escrito que acompaña esta solicitud los juristas exponen que dicha ley "legitima y legaliza la inobservancia de las normas y reglas del debido proceso, al vulnerar la equidad entre las partes en el proceso penal y franquea la posibilidad a una parte el fiscal atropelle a la otra (...) sin límite alguno" sentencian.

Aunque el decreto expone que se establece con el objetivo de atemperar las leyes nacionales a las internacionales, su texto no especifica a qué convenio supranacional dice ajustarse. 

Para los juristas, esta nueva disposición no se ajusta al Manual de Técnicas Especiales de Investigación, Agente Encubierto y Entrega Vigilada emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ya que dicho manual especifica que estos métodos de investigación solo se utilizarán de modo excepcional, algo que no aclara ni menciona el decreto del Gobierno cubano.   

"La total ausencia de supervisión judicial y las facultades de discrecionalidad de los agentes del estado durante la fase preparatoria al juicio, favorecen la arbitrariedad en el uso de esas técnicas especiales de investigación frente a la ausencia total de recursos legales efectivos por parte de los ciudadanos para protegerse contra invasiones arbitrarias de privacidad", exponen en su documento estos juristas.​

El pasado 18 de noviembre entró en vigor el Decreto 389 que entiende la vigilancia electrónica como un método eficaz y necesario de investigación para la prevención de delitos de carácter internacional como el lavado de activos, el terrorismo y el comercio de estupefacientes.

Con la aprobación de esta norma jurídica "el Consejo de Estado modificó una ley de la Asamblea, y un organismo inferior no debería modificar la norma de un órgano superior como es el Parlamento", explicó a DIARIO DE CUBA la abogada Laritza Diversent, directora del independiente Centro de Información Legal Cubalex.

"La actual Constitución de la República reconoce el principio de progresividad que, en teoría, impide al Estado adoptar normas que traigan retrocesos en derechos humanos. No puedes reconocer un derecho y luego virar atrás", sostuvo la jurista.

El decreto menciona técnicas especiales como "la investigación encubierta, el colaborador eficaz y las entregas vigiladas" como vías para obtener información en la lucha contra estos delitos y da vía libre a fiscales y a los órganos de investigación internos para espiar y vigilar las comunicaciones de cualquier ciudadano sin orden judicial previa.

El Gobierno, que califica a sus opositores de "mercenarios al servicio de Estados Unidos" y con frecuencia los acusa de apoyar supuestos actos terroristas contra Cuba, ha aplicado esta vigilancia a disidentes en el pasado, y rutinariamente interviene las comunicaciones telefónicas, de correo electrónico y postal. Ahora con respaldo legal, lo puede seguir haciendo bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos. 

Como es costumbre, la Asamblea Nacional no tiene un plazo determinado para dar respuesta a la solicitud de estos abogados ni a ninguna petición de esta naturaleza, donde se pide la derogación de una ley emitida por el Consejo de Estado.

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2 comentarios

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Los cubanos estan bajo vigilancia desde 1959 y quizas antes ,Fidel desarrollo una red de espias dentro de sus propias fuerzas donde se vigilaban unos a otros despues vinieron los CDR ,CTC,FMC,FEM,FEU,UJC y PCC.Ademas cuenta con Una PNR que se dedica mas a vigilar cuestiones politicas que delictivas y por ultimo con el G-2 que ademas de actuar en Cuba con un gran ejercito extiende sus labores en toda America Latina y en el resto del mundo.El gobierno de Cuba es el mas dedicado a espiar en todo el planeta a pesar de la miseria en que vive el pueblo cubano.

Para que Vigilancia Electronica, entonces que hacemos con el Ejercito de RATAS de los CDR'S El G-2 y los Sabuesos Voluntarios, que para que les quiten la Vista a ellos, te echan Pa'lante a ti, ESA ES LA CUBA DE HOY, ODIO ENVIDIA Y QUITATE TU, PARA PONERME YO!!! Quien arregla eso, ???