La activista cubana Bárbara Farrat, madre del manifestante cubano del 11 de julio Jonathan Torres Farrat, denunció en un video publicado en Twitter por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que el agente de la Seguridad del Estado llamado Yoel Argüelles la amenazó con una multa de 7.000 pesos por no asistir a un interrogatorio mientras se encontraba enferma de dengue.
Además, Farrat explicó que ella misma le dijo al agente de la Seguridad del Estado que no asistiría a la citación policial que le entregó este sábado, pues la había firmado como Denis, y no con su nombre real.
"Yo le respondí que no iba a ir por varias razones. Una, la citación era totalmente ilegal, pues la firma era del tal Denis, que no es su nombre verdadero, pues él se llama Yoel Argüelles", afirmó Farrat en el video.
"Yo no me presenté porque también estaba enferma de dengue", agregó Farrat, quien denunció que Argüelles llamó a su esposo y cuestionó que ella está enferma para asistir a una estación de policía, "pero no para seguir haciendo directas, para seguir publicando y para seguir compartiendo".
Por ese motivo, Argüelles amenazó con aplicarle una multa de 7.000 pesos cubanos a la madre cubana, casi el triple del salario mínimo en la Isla.
Además, Farrat denunció que "todo el fin de semana me han mantenido un patrullero fuera de mi casa. (Argüelles) me ha hecho llamadas amenazantes, ya le abrió un expediente (judicial) a mi esposo. Dice que me va a abrir un expediente a mí, porque me ha hecho una serie de amenazas que ninguna le funcionó".
Bárbara Farrat es en una de las madres de los presos del 11J más activas en favor de la liberación de su hijo y de los presos políticos cubanos. Incluso llegó a tratar de manifestarse junto a las Damas de Blanco, que lanzaron una campaña de solidaridad con los encarcelados cubanos, pero fueron arrestadas por la policía política para impedirles la protesta.
Las frecuentes denuncias de Farrat en redes sociales, demandando la liberación de su hijo, le han costado detenciones e interrogatorios. A mediados de febrero, denunció que dos desconocidas la asaltaron con violencia en la vía pública para intentar arrebatarle el teléfono móvil, práctica común que utiliza la policía política para violentar a activistas y opositores.
Finalmente, su hijo fue liberado bajo fianza a finales de mayo de 2022, aunque permanece en espera del juicio en el que la Fiscalía le pide ocho años de privación de libertad.
