Varios prisioneros políticos cubanos del 11 de julio han sido castigados en los últimos meses con la prohibición de las visitas familiares y la negación de asistencia médica, entre otras, por mantenerse firmes en sus posturas contra el régimen cubano, según denunciaron familiares a Radio Televisión Martí.
Uno de los prisioneros afectados es Juan Enrique Pérez Sánchez, quien fue condenado a ocho años de prisión por los presuntos delitos de "sabotaje", "desacato" y "desorden público" durante las manifestaciones del 11 de julio.
La esposa de Pérez Sánchez, llamada Dayana Aranda Batista, dijo al medio de prensa estadounidense que lleva dos meses sin poder ver a su pareja, quien se niega a usar la ropa de preso común en el penal de Quivicán, donde cumple su condena.
"Le restringieron todas sus llamadas y visitas, le quitaron todos los privilegios para reclusos, y lo mantienen en el mismo destacamento con asesinos que cumplen hasta de 40 años por asesinato. Él es la única persona del 11 de julio que se encuentra en ese destacamento", denunció Aranda Batista.
También al manifestante cubano Yosvany Rosell García Caso, sentenciado a 15 años de prisión por el delito de "sedición", fue castigado sin visitas familiares por vestir de blanco el pasado 11 de julio, cuando se cumplía el primer aniversario de las protestas.
"El día 23 de agosto tenía la visita conyugal y, nuevamente, fue suspendida, porque está castigado debido a todo lo ocurrido el 11 de julio y la posterior huelga de hambre. Es terrible la situación, porque ellos esperan la jaba de alimentos que uno les lleva de la casa, porque allí los presos se están muriendo de hambre", denunció Mailín Rodríguez Sánchez, esposa de García Caso. al medio estadounidense.
Rodríguez Sánchez también dijo que en varias ocasiones ha intentado llevarle medicamentos a su pareja y no se lo han permitido.
Otro de los casos de prisioneros políticos cuyas visitas y condiciones en la prisión son constantemente violados es el de Lizandra Góngora, condenada a 14 años por los presuntos delitos de "sabotaje", "robo con fuerza" y "desórdenes públicos", debido a su participación en las protestas en Güira de Melena.
La cubana, encarcelada en el penal de El Guatao, ubicado en La Lisa, será trasladada hacia otra provincia, mucho más lejos de la residencia de su esposo, quien ha denunciado que pese a las lesiones cutáneas que padece no les permiten llevar medicamentos al penal.
"Lizandra padece de esa enfermedad en la piel provocada por el estrés que ya le está afectando casi todo el cuerpo, y no me dejan tomarle una foto con el teléfono para, con mis medios, llevársela a un especialista en dermatología", dijo a Radio Televisión Martí su esposo, Ángel Delgado.
Además, Delgado explicó que él está a cargo de tres menores en su casa y es la única persona que visita a Góngora, por lo que si la trasladan a otra provincia no tendrá posibilidad de ir.
También el manifestante cubano José Luis Castillo Bolaños denunció que las autoridades penitenciarias le han negado en repetidas ocasiones la asistencia médica que reclama desde hace varios días, informó Cubanet.
Castillo Bolaños, un tatuador residente en La Güinera condenado a diez años de cárcel por su participación en las protestas, lleva días padeciendo de dolores lumbares, pero tras pedir ayuda a los oficiales del Combinado del Este, donde se encuentra cumpliendo su sanción, solo ha recibido evasivas.
Justamente el manifestante del 11J cubano Walfrido Rodríguez Piloto inició una huelga de hambre la pasada semana ante la negativa de las autoridades carcelarias de brindarle asistencia médica, un derecho vulnerado constantemente en las prisiones de la Isla, especialmente a los reclusos que se encuentran privados de su libertad por motivos políticos.
