El artivista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde está encarcelado, que fue agredido por un preso común y que desde esta semana está encerrado en una celda tapiada y en solitario.
El líder del Movimiento San Isidro (MSI), que días atrás había denunciado que las autoridades del penal estaban instigando a un preso común para que lo agrediera, recibió el jueves una visita familiar en el penal, según informó el MSI en sus redes sociales.
Según la denuncia, Luis Manuel "sufrió una agresión por parte de un preso común y, tras ese hecho, los oficiales lo han seguido colocando en situación de riesgo. También nos ha comunicado, a través de su familia, que hace solo cuatro días ha sido trasladado a una celda tapiada y en solitario".
De acuerdo con la información, "Luis ha padecido dengue, al igual que varios presos de su entorno, y le han prohibido recibir cartas de personas amigas como Katherine Bisquet, Coco Fusco o Anamely Ramos".
"Tampoco le habrían permitido dibujar hasta hace solo unos días, cuando le devolvieron sus materiales. Luis sigue frecuentando calambres en manos y pies, y no ha recibido atención médica o diagnóstico al respecto", agregó la denuncia.
El MSI denunció asimismo "la violencia física y sicológica a la que está siendo sometido Luis Manuel, no solo por presos enviados por la Seguridad del Estado, sino también por los propios oficiales de la prisión de Guanajay. Esta situación no es atípica, sabemos que es la única herramienta que tiene el régimen para intentar amedrentar y coaccionar a los opositores cubanos".
Y finaliza el reporte: "Repetimos que cualquier cosa que le suceda a Luis Manuel es responsabilidad íntegra de la dictadura cubana".
El uso de reclusos por delitos comunes para hostigar a los prisioneros políticos es una táctica usada frecuentemente por el aparato represivo cubano. En 2020, durante una de sus frecuentes detenciones, el propio Otero Alcántara denunció que fue encerrado en un calabozo de una estación policial con dos individuos que lo amenazaron.
Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo "Osorbo", ambos considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional (AI), fueron juzgados los pasados 30 y 31 de mayo y condenados, respectivamente, a cinco y nueve años de cárcel.
Ambos indicaron que no apelarían esas sentencias, que consideran injustas y abusivas y se declaran inocentes de los delitos que les imputan.
Días atrás, tres relatores especiales de Naciones Unidas (Irene Khan, relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión; Mary Lawlor, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, y Alexandra Xanthaki, relatora especial sobre los Derechos Culturales) llamaron la "atención urgente" del Gobierno de Cuba respecto a la información que habían recibido hasta inicios de 2022 sobre la situación de Otero Alcántara, a quien reconocen como "artista y defensor de derechos humanos".
En ese momento, el fundador del Movimiento San Isidro llevaba diez meses en prisión preventiva sin fecha de juicio, pese a que el Artículo 107 de la Ley de Procedimiento Penal vigente en Cuba establecía un periodo de 60 días para este tipo de reclusión. Con ese argumento, se había presentado un habeas corpus a favor del artista el 10 de noviembre de 2021, que fue rechazado por el Tribunal Provincial de La Habana dos días después.
También le fue denegada la petición de cambio de medida cautelar presentada por su abogado el 23 de diciembre de 2021, con la justificación de que los hechos imputados revelaban "una elevada peligrosidad social".
El documento recordó las dos huelgas de hambre realizadas por Otero Alcántara en protesta por su encarcelamiento, del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2021, y del 18 de enero al 22 de febrero de 2022, que le dejaron secuelas en un ojo. Aunque fue atendido por un oftalmólogo, "no habría recibido un diagnóstico y seguiría padeciendo los mismos síntomas", señalaron las relatoras.
Sobre la petición fiscal de siete años de privación de libertad, comunicada a Otero Alcántara por la Fiscalía el 7 de abril de 2022, las relatoras afirmaron que, si bien no querían "prejuzgar la veracidad" de las acusaciones en su contra, les preocupaba que el artista estuviera siendo castigado "por su legítima labor en defensa de los derechos humanos, específicamente, la libertad de expresión artística, y la libertad de opinión".
También expresaron "profunda preocupación" porque Otero Alcántara enfrentara siete años de prisión, "por los delitos que corresponderían a su legítima labor en defensa de los derechos humanos, el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de sus derechos culturales".
La Habana no respondió a la solicitud de información al respecto.
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