El régimen ignora una comunicación de la ONU sobre la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara

El régimen cubano ignoró una comunicación de tres relatoras especiales de las Naciones Unidas sobre la situación del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, enviada en mayo pasado. Ante la falta de respuesta del Estado cubano, pese a tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la organización, el documento se ha hecho público, tras haberse mantenido en confidencialidad durante 60 días, como advertía el texto.

Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y Alexandra Xanthaki, relatora especial sobre los derechos culturales llamaron la "atención urgente" del Gobierno de Cuba respecto a la información que habían recibido sobre la situación de Otero Alcántara, a quien reconocen como "artista y defensor de derechos humanos".

En ese momento, el fundador del Movimiento San Isidro llevaba diez meses en prisión preventiva sin fecha de juicio, pese a que el Artículo 107 de la Ley de Procedimiento Penal vigente establecía un periodo de 60 días para este tipo de reclusión. Con ese argumento, se había presentado un habeas corpus a favor del artista el 10 de noviembre de 2021, que fue rechazado por el Tribunal Provincial de La Habana dos días después.

También le fue denegada la petición de cambio de medida cautelar presentada por su abogado el 23 de diciembre de 2021, con la justificación de que los hechos imputados revelaban "una elevada peligrosidad social". 

El documento recordó las dos huelgas de hambre realizadas por Otero Alcántara en protesta por su encarcelamiento, del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2021, y del 18 de enero al 22 de febrero de 2022, que le dejaron secuelas en un ojo. Aunque fue atendido por un oftalmólogo, "no habría recibido un diagnóstico y seguiría padeciendo los mismos síntomas", señalaron las relatoras.

Sobre la petición fiscal de siete años de privación de libertad, comunicada a Otero Alcántara por la Fiscalía el 7 de abril de 2022, las relatoras afirmaron que, si bien no querían "prejuzgar la veracidad" de las acusaciones en su contra, les preocupaba que el artista estuviera "siendo por su legítima labor en defensa de los derechos humanos, específicamente, la libertad de expresión artística, y la libertad de opinión".

También expresaron "profunda preocupación" porque Otero Alcántara enfrentara siete años de prisión, "por los delitos que corresponderían a su legítima labor en defensa de los derechos humanos, el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de sus derechos culturales".

A la comunicación se adjunto el "Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos", que resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

El juicio contra Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo "Osorbo", considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional, se realizó los pasados 30 y 31 de mayo. La Fiscalía del régimen lo sancionó a cinco años de prisión por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, mientras impuso nueve a Maykel "Osorbo".

Ambos indicaron que no apelarían esas sentencias, que consideran injustas y abusivas y se declaran inocentes de los delitos que les fueron imputados.

Días atrás, la curadora de arte Claudia Genlui Hidalgo denunció que Otero Alcántara estaba bajo hostigamiento de un recluso condenado a 51 años de cárcel al que la Seguridad del Estado habría orientado agredir al artista.

El uso de reclusos por delitos comunes para hostigar a los prisioneros políticos es una táctica usada frecuentemente por el aparato represivo. En 2020, durante una de las frecuentes detenciones que ha sufrido, el propio Otero Alcántara denunció que fue encerrado en un calabozo de una estación policial con dos individuos que lo amenazaron.