La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor Félix Navarro mediante la Resolución 37/22, tras considerar que el preso político cubano se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, informó la organización en su página web.
De acuerdo con la petición realizada por los abogados de Navarro, este es una persona mayor que permanece en prisión sin recibir atención médica adecuada y tanto sus representantes legales como sus familiares enfrentan numerosas dificultades para visitarlo y mantener contacto con él.
La CIDH tuvo en cuenta que Navarro padece de diabetes melitus y migraña, así como lesiones pulmonares debido al contagio por Covid-19, que estarían agravándose durante la privación de su libertad, al no recibir la atención médica adecuada.
El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también lamentó que el Estado cubano no accediera a entregar las observaciones requeridas, pese a que fueron solicitadas de acuerdo al artículo 25.5 de su Reglamento.
Solicitó al régimen cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Félix Navarro Rodríguez y que asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.
Además, pidió brindar la atención médica en función de lo que se prescriban los médicos especialistas, permitir la visita regular de familiares y representación legal, valorar a la luz de las condiciones de detención y salud del propuesto beneficiario si se permitiera la aplicación de alguna medida alternativa a la privación de su libertad, verificar las condiciones de salubridad y limpieza de su lugar de detención, y asegurar el acceso a la alimentación y agua potable al propuesto beneficiario considerando su edad y condición médica.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue acusado de los presuntos delitos de "atentado y desorden público" y condenado a nueve años de prisión después de ser detenido el 12 de julio del pasado año, al día siguiente de las masivas protestas del 11J.
Agentes policiales lo arrestaron después que el activista fuera a la estación de Perico para pedir noticias de los miembros de su agrupación detenidos en las manifestaciones.
