¿Por qué el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola ha tenido que recurrir a realizar una huelga de hambre ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra, tras la violación del derecho de su hermana, Omara Ruiz Urquiola, a entrar a Cuba? ¿Acaso no cuentan ella y otros cubanos en la misma situación con mecanismos legales para reclamar por la vulneración de un derecho reconocido en la Constitución de la República y en la Declaración de Derechos Humanos, de la que el Estado es signatario?
Leer la frase "un derecho reconocido en la Constitución de la República" podría remitir a algunos lectores a la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, aprobada finalmente en mayo, tras haber sido postergado por el régimen varias veces. Sin embargo, como demostró un análisis del anteproyecto realizado por DIARIO DE CUBA, dicha ley no ampara todos los derechos reconocidos en la Carta Magna ni a todos los cubanos.
Según su Artículo 6, la defensa y la seguridad nacional continuarán siendo el pretexto para violar cualquier derecho constitucional en Cuba, aunque el país no esté en guerra ni sea escenario de una catástrofe natural.
Derechos como la libertad de expresión, de reunión y manifestación con fines pacíficos, y de libre circulación, violado a Omara Ruiz Urquiola, Anamely Ramos, Karla Pérez y a otros cubanos, seguirán siendo vulnerados con la justificación de la seguridad nacional.
Por tanto, de nada sirve que, según el Artículo 13, puedan ser demandados "los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados a quienes se atribuya la vulneración alegada", además de "los particulares y entes no estatales a los que se imputa la lesión del derecho constitucional".
La Ley No 1312 de 1976, Ley de Migración, modificada por el Decreto- Ley 302, del 11 de octubre de 2012, permite impedir la salida o el regreso a Cuba a personas que no tienen ni siquiera antecedentes penales, "cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen".
¿Qué razón de defensa y seguridad nacional aconseja el destierro de la profesora Ruiz Urquiola? ¿Cómo es posible que, si constituía una amenaza, en Cuba no haya estado presa ni le hayan puesto "ni una multa por pisar el césped", como afirmó ella tras ser impedida de abordar el avión hacia la Isla?
La mencionada ley migratoria prevé la prohibición de entrar al país a personas que organicen, estimulen, realicen o participen en "acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano".
¿Qué acciones hostiles ha organizado, estimulado o realizado Omara Ruiz Urquiola? El régimen no se ha molestado en enunciarlas y la profesora no ha recibido hasta el momento una explicación para que le hayan impedido entrar a su país de nacimiento, donde están su casa y su madre.
Debe tener mucho miedo a las mujeres el régimen para preocuparse por mantener lejos de Cuba a Omara Ruiz Urquiola, Anamely Ramos y Karla Pérez, sometidas ahora a una forma de violencia, pues el destierro implica despojarlas de sus hogares, de sus propiedades, de la residencia legal en un país y de la posibilidad de estar con sus familias.
Los cubanos privados de la posibilidad de entrar a su país tampoco encuentran amparo en la Ley del Proceso Administrativo, aprobada en 2021, pues prohíbe expresamente el conocimiento de estos asuntos, al establecer que se excluyen de la jurisdicción, en materia administrativa, las cuestiones de índole militar, defensa nacional, seguridad del Estado y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastres para salvaguardar los intereses generales.
¿Qué camino pacífico queda a los cubanos ante la desprotección en que los dejan las normas diseñadas evidentemente para castigar y aplastar el disenso, excepto plantarse ante Naciones Unidas?
Por otra parte, la protesta de Ariel Ruiz Urquiola frente a la ONU no solo está poniendo en evidencia, por enésima vez, las violaciones de derechos humanos que comete el régimen cubano. También está poniendo en tela de juico la credibilidad de la propia institución, en cuyo Consejo de Derechos Humanos tiene un asiento el Estado cubano.
Cada minuto que el régimen ocupa ese asiento constituye un descrédito para la ONU y una burla para los cubanos y cualquier defensor de derechos humanos en el mundo.
