A pesar de sus muchas y puntuales limitaciones, la nueva ley migratoria puesta en vigor por el Gobierno crea mejores condiciones para avanzar en un incremento de la comunicación y el contacto entre el exilio y la oposición interna. Entiendo por exilio a la parte politizada, en un sentido opositor, de la diáspora cubana. Una comunidad pequeña, que conforma una minoría dentro de los más de dos millones de cubanos que residen fuera de la Isla, pero que está viviendo desde los años 90 un proceso de renovación y diversificación generacional e ideológica.
Así como varios líderes y activistas de la sociedad civil y la oposición interna han decidido poner a prueba los límites de la nueva ley migratoria, solicitando sus pasaportes y proyectando viajes al exterior, las principales asociaciones civiles, culturales o políticas del exilio deberían intentar algo parecido, en la otra dirección.
El régimen ha flexibilizado sus controles migratorios con el propósito de captar remesas, estabilizar el flujo hacia el exterior, regularizar las estancias temporales fuera de la Isla de sectores leales —sobre todo del nuevo empresariado— y acelerar la repatriación de la parte no exiliada de la diáspora. No necesariamente tienen que ser esos los únicos cubanos que se beneficien con la nueva ley.
Cambio de sentido
Si se compara la situación cubana actual con la de hace diez años, podría pensarse que hoy estamos más lejos de una democratización que entonces. Hace una década, en la Isla se estaba produciendo la movilización del Proyecto Varela, que desató la represión de la primavera del 2003 y una corriente de solidaridad con los 75 en buena parte del mundo occidental. Ni antes ni después, hubo otro momento de mayor respaldo internacional a una transición pacífica a la democracia en Cuba.
Hoy, parecería que estamos en las antípodas de aquel momento. Lo cierto, sin embargo, es que bajo la supuesta pasividad de la comunidad internacional hacia la persistencia de la falta de libertades en Cuba, subyace la confianza, fundada o no, de que el cambio político de la Isla está más cerca que hace diez años. Sería fácil enumerar algunas de las razones de esa confianza: ancianidad de los líderes históricos, convalecencia de Hugo Chávez, autonomización económica y cultural de varios segmentos —sobre todo, jóvenes— de la sociedad, proliferación de medios digitales alternativos.
Todo parece indicar que nos encontramos ante un cambio de sentido en la experiencia de la oposición en Cuba. Hasta principios de la década pasada, la politización se movía de adentro hacia fuera. Convertirse en un líder de la oposición significaba ser reconocido internacionalmente, gracias, sobre todo, al apoyo del exilio. Ahora el reto es, por lo visto, construir un liderazgo dentro de la Isla, de cara a una joven comunidad politizada, también pequeña, pero con posibilidades de configurar, más temprano que tarde, a los sujetos de una eventual transición.
El régimen, desde luego, es consciente de que la nueva legislación migratoria puede abrir los canales de la politización opositora y arguye el rancio principio autoritario —de derecha, por cierto— de la "seguridad nacional". La oposición y el exilio deben prepararse, por tanto, para una presión sobre los límites de la nueva legislación que permitirá comprobar, en la práctica, cuánto se podrá avanzar en la extensión de derechos civiles y políticos para todos los cubanos, en los próximos años.
La presión legítima
Cuba, como muchos otros países latinoamericanos, está llamada a ser un país migratorio en las próximas décadas. Con una población envejecida y decreciente de 11 millones de habitantes, una diáspora económicamente sólida de dos millones y medio y un potencial migratorio de medio millón al año, es imposible que la tendencia a la ampliación de derechos económicos, civiles y políticos de los emigrantes no se manifieste en el mediano plazo. Para no ir más lejos, Ecuador, país del ALBA y "socialismo del siglo XXI", con más de 14 millones de habitantes y 11% de la población en el exterior, cuenta con seis representantes de su diáspora en el parlamento.
El exilio y la oposición tienen la oportunidad de convertir la demanda de extensión de derechos de la emigración dentro de la Isla en una prioridad. El régimen, con toda su vocación y tecnología represiva, tratará de impedirlo. De ahí la importancia de que la presión sea legítima, es decir, respetuosa de los límites que la propia ley impone. Si quiere seguir siendo una oposición pacífica y alcanzar, finalmente, su propia legitimidad dentro de la Isla, la observancia de la norma jurídica, por arbitraria o despótica que sea, es una premisa irrenunciable de esa presión.
La experiencia de la primavera de 2003 enseña que uno de los puntos clave de la represión contra el activismo de la oposición y el exilio dentro de la Isla será siempre la fuente de financiamiento. La diáspora puede cumplir un rol crucial en este sentido, aprovechando recursos propios y evitando que el apoyo material a la oposición interna reproduzca los circuitos tradicionales, dependientes del gobierno de EE UU y de la Unión Europea. Mientras más autónomas sean sus fuentes de ingreso, mayor será el capital moral de la oposición.
La apuesta por la incomunicación y la descalificación mutua entre diversas corrientes de la oposición y el exilio ha demostrado ser uno de los más eficaces mecanismos de preservación con que cuenta el régimen de la Isla. La idea de que es imposible ponerse de acuerdo, entre exiliados y opositores, ha calado tan hondo que no son pocos los que, disintiendo del poder de la Isla, le atribuyen una fuerza omnímoda e inexpugnable. El mito de ese poder ha sido desmontado ya en el discurso: falta impugnarlo en la práctica.
Es evidente que, desde la llegada de Raúl Castro a la presidencia, el Gobierno cubano inició un proyecto de sucesión autoritaria, encaminado a institucionalizar una flexibilización de derechos económicos y civiles, manteniendo cerrado el acceso a derechos políticos de asociación y expresión. La brecha que se abre con la flexibilización de los primeros puede ser aprovechada por la oposición y el exilio para demandar los segundos. Hoy por hoy, solo la oposición y el exilio pueden comprometerse con esa demanda, aunque sus beneficios sean para toda la ciudadanía.