Al desterrar a Anamely Ramos, el régimen cubano le quita mucho más que la posibilidad de entrar a su país

A estas alturas está claro que el destierro al que ha sometido el régimen cubano a la activista Anamely Ramos constituye una violación de su derecho a la libre circulación, recogido en la Constitución cubana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Pero es el único derecho del que ha sido despojada la activista? ¿Qué otras implicaciones tiene para ella, que el régimen le impida entrar a su país de nacimiento y residencia?

La primera es que Ramos pierde los pocos derechos políticos que existen en Cuba. No podrá aspirar a ser nominada para un cargo de delegada a nivel de circunscripción, pues uno de los requisitos que establece la Ley electoral cubana es haber residido en el país durante los últimos dos años de manera consecutiva y mostrar voluntad de permanencia. De haber cumplido con este requisito, la Seguridad del Estado se encargaría de impedir que pudiera convertirse en candidata a ningún cargo, como ocurrió con los candidatos independientes en 2017. Pero ahora, al no poder entrar ni residir en Cuba, tampoco puede votar en elecciones municipales, nacionales, referendos y plebiscitos.

Cuando Ramos lleve dos años fuera de Cuba habrá perdido su residencia, de acuerdo a la Ley de Migración, modificada por el Decreto 305 de octubre de 2012. Si, transcurrido ese tiempo, decidiera intentar nuevamente entrar a su país, deberá asumir un costoso proceso de actualización o solicitud de pasaporte. La Ley de Migración, modificada por el Decreto 305 de octubre de 2012, dicta que los ciudadanos de la Isla, aunque posean una segunda ciudadanía, solo pueden entrar a la Isla con un pasaporte expedido por el Estado cubano.

Según normativas actuales del Ministerio de Finanzas y Precios, la solicitud del pasaporte puede costar unos 234 dólares. Pagar esa suma no garantiza la obtención del documento de viaje, que puede ser denegado, sin que el dinero pagado sea devuelto.

Si Ramos tuviera suerte y el régimen le permitiera entrar a Cuba, esto no significa que podría volver a residir en su país. Para ello tendría que solicitar la repatriación, lo que también implica el desembolso de una cantidad de dinero que tampoco le sería devuelto si la respuesta a su solicitud es negativa.

Anamely Ramos pierde también la posibilidad de establecer, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter civil. Estaría obligada a recurrir a una persona residente en Cuba que la represente en materia de derecho sobre bienes muebles, inmuebles, contratación y cuestiones hereditarias.

Para ello necesita establecer un poder a favor de esa persona, lo que también implica un desembolso de dinero importante. Y tendría que darse prisa porque esta representación a través de un tercero solo puede establecerse antes de haber permanecido 24 meses fuera del territorio nacional y solo si se tiene el pasaporte cubano vigente.

Dentro de los derechos civiles que pierden los cubanos desterrados por expresar críticas abiertas al régimen están los de transferir o extraer fondos de cuentas de ahorro u otros bienes de valor depositados en agencias bancarias nacionales, que exigen inexorablemente la presencia física y documento de identidad nacional vigente del cliente. 

Tampoco mantener en propiedad bienes inmuebles como vivienda y tierras, ya sean adquiridas mediante actos legales legítimos de compraventa, donación o herencia, anteriores al destierro. 

El Decreto Ley 288, modificativo de la Ley General de la Vivienda en Cuba, vigente desde octubre de 2011, establece en su Artículo 81.1. que "la vivienda de residencia permanente, cuyo titular haya salido definitivamente del país, es confiscada por el Estado al efecto de poder transmitir su propiedad a las personas que tienen derecho a ello, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley". Asimismo, las tierras que no son explotadas por el titular son objeto de expropiación.  

Tampoco podrán recibir una herencia, pues el Artículo 470 del Código Civil cubano dice que "es también causa de incapacidad para ser heredero o legatario el hecho de haber abandonado definitivamente el país".

El régimen cubano, que se ufana de proteger los derechos de los niños y ha osado criticar medidas de gobiernos norteamericanos por afectar a las familias cubanas a ambos lados del Estrecho de la Florida, al desterrar a ciudadanos cuya presencia en el país le resulta incómoda ataca directamente a las familias, a la institución del matrimonio y el derecho de los niños a estar con sus padres.

El vigente Código de la Familia establece la salida definitiva del país como causa de la pérdida de la patria potestad, con lo que los desterrados por razones políticas pudieran perder ese derecho respecto a su descendencia en un proceso judicial

Aunque el proyecto de Código de Familias elimina la salida del país como razón para ser privado de la responsabilidad parental que sustituye a la patria potestad, en la práctica, los progenitores desterrados son despojados del derecho a participar en la crianza de sus hijos y proporcionarles seguridad, además de sus derechos y deberes como cónyuges, pues son separados de sus parejas contra su voluntad.

A la vez, se les impide cumplir con el deber moral y legal de cuidar de sus ascendientes, dígase padres o abuelos, o incluso hermanos que pueden padecer una enfermedad o tener una discapacidad física o intelectual que los incapacite para valerse por sí mismos.