Estados Unidos manifestó una vez más su preocupación y condena a los procesos penales que llevan adelante los tribunales del régimen cubano contra cientos de personas que se manifestaron el 11J, a los que han impuesto duras sentencias que afectan incluso a decenas de menores de edad, y cuestionó que además se detenga, acose y amenace a sus madres "que se atreven a hablar públicamente sobre sus hijos".
En un comunicado de prensa publicado el jueves, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, asegura que Washington "está profundamente preocupado por las duras sentencias impuestas a manifestantes políticos en Cuba, y continuaremos trabajando con nuestros socios en todo el mundo para demostrar nuestro apoyo colectivo a los derechos de los cubanos detenidos injustamente".
"Los jueces cubanos han sentenciado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados. Los manifestantes son condenados a prisión, trabajos forzados u otras medidas punitivas. Estos números incluyen más de 20 manifestantes arrestados como menores de edad", precisa la declaración.
Esta misma semana Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, exigió en términos similares a través de su perfil de Twitter la liberación de los encarcelados por razones políticas por las protestas masivas de las que en breve se cumplirá un año.
"Mientras tanto, el Gobierno cubano mantiene detenidos a más de 700 manifestantes que salieron a las calles hace casi un año, el 11 de julio de 2021, para criticar el incumplimiento del Gobierno de sus derechos humanos y libertades fundamentales", prosigue la declaración del Departamento de Estado.
"Cientos de manifestantes languidecen en las cárceles por cargos arbitrarios por criticar al régimen y sus líderes. A pesar de las pruebas en video y fotográficas que demuestran lo contrario, el Gobierno cubano intenta justificar sus detenciones, procesamientos y sentencias draconianas al afirmar falsamente que las protestas fueron en gran parte violentas. La clase actual de presos políticos está compuesta por cubanos de toda Cuba y de todos los ámbitos de la vida", subraya.
La declaración subraya que los fiscales del régimen "optaron por hacer ejemplos de manifestantes de los barrios empobrecidos de La Güinera y 10 de Octubre, en La Habana, con importantes poblaciones afrocubanas, acusándolos de sedición y emitiendo las penas más duras, de hasta 26 años de prisión. Seis acusados de estos vecindarios, de 16 o 17 años de edad al momento de su arresto, recibieron hasta cinco años de trabajos forzados".
"Estas injusticias tienen objetivos claros: impedir que los ciudadanos cubanos hagan valer sus derechos y generar temor a represalias. Los cubanos tienen derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica en virtud de la Constitución de Cuba y como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Gobierno cubano debe permitir que su pueblo exprese libremente sus esperanzas y aspiraciones, en lugar de gobernar a través del miedo y la intimidación", finaliza.
