El martes 27 de junio, la calle 2da del barrio habanero La Güinera amaneció con grandes carteles que pedían la libertad de los presos políticos, llamaban a Díaz-Canel "singao", y pedían que la dictadura Castro-Canel se venga abajo.
Este barrio periférico de La Habana fue protagonista el 12 de julio de 2021 de una de las protestas más cabales contra la dictadura cubana, que terminó en uno de los enfrentamientos más sostenidos con las "fuerzas de orden" y una de las represiones más crueles que han vivido manifestantes pacíficos y no pacíficos.
Casi cien condenados son residentes en ese breve poblado. Las penas amenazaban con ser de hasta 30 años y ahora algunos casos han tenido rebajas de hasta la mitad de los años en las casaciones recién finalizadas. Esto ha dejado todavía a manifestantes pacíficos con diez o 15 años de cárcel, lo cual las autoridades justifican con el pobre argumento de que ocurrió una sedición contra el sistema socialista, a pesar de que nada de eso han podido demostrar en los juicios.
De La Güinera también es Wilber Aguilar, uno de los familiares de las víctimas del 11J con mayor presencia en las redes, y lo son un grupo pequeño de madres que alguna vez hasta llegaron a ir a la iglesia juntas.
Ahora el régimen se ensaña con una de las familias más atrevidas: los cercanos a Brusnelvis Cabrera Gutiérrez. Han citado a la estación del Capri a su madre, Migadalia Gutiérrez Padrón, a su tía Marianela Gutiérrez Padrón, a su tío Yosbany Padrón Cardoso y a una amiga de la familia identificada como Marilu.
Hasta donde sabemos, la Seguridad de Estado, (perseguidora de carteles contra el Estado), sospecha del hombre. Durante el interrogatorio, evocaron una extraña evidencia de restos de pintura en su codo y también tomaron pruebas caligráficas de casi todos para analizarlas. "Nos dijeron que cuando salgan las pruebas nos llevan para Villa Marista", informa Migdalia Gutiérrez, quien también agrega que su único delito es ser familiar de un preso político del 11J.
Con su hijo Brusnelvis, de hecho, ocurrió una vacilación que debía dejarlo libre: la identificación de su participación en las manifestaciones, realizada por el perito, se catalogó de "probable", no definitiva, lo cual quiere decir que las autoridades no están 100% seguras de que haya estado allí.
Esto, por desgracia, ha sucedido con más frecuencia de lo que suponemos, y no ha evitado las condenas excesivas a "probables" manifestantes.
Ahora Brusnelvis, identificado no conclusivamente, se enfrenta a una condena de 10 años de cárcel por el delito de sedición, y las autoridades quieren que todos los afectados por esta injusticia se estén tranquilos.
