La Comisión para la Libertad Religiosa de EEUU (USCIRF) sugirió a Washington mantener a Cuba en la Lista de Vigilancia Especial del Departamento de Estado por participar o tolerar graves violaciones de la libertad religiosa a través de su informe del año 2022.
El documento, publicado este lunes por la institución estadounidense, también sugirió imponer sanciones selectivas a los organismos y funcionarios del Gobierno cubano responsables de graves violaciones de la libertad religiosa.
Al respecto, los autores del informe consideraron pertinente congelar los activos y prohibir la entrada a EEUU a los funcionarios del régimen cubano que han participado de las violaciones a la libertad religiosa, así como alentar a las autoridades de la Isla a que permitan la entrada para visitas sin restricciones al USCIRF, al embajador de EEUU para la Libertad Religiosa Internacional y al Relator Especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias.
Por último, el informe de USCIRF pidió al Congreso de EEUU "apoyar la legislación para exigir sanciones contra los funcionarios cubanos responsables de graves violaciones de la libertad religiosa".
Sobre las violaciones cometidas por el régimen, el informe señaló que "el Gobierno cubano siguió utilizando la vigilancia, el acoso y las interpretaciones ad hoc de la legislación para suprimir la libertad religiosa y perseguir a los defensores de la libertad religiosa".
Además, hizo énfasis en el incremento de estas violaciones como parte de la respuesta represiva del régimen a las manifestaciones antigubernamentales del 11J, lo que "afectó gravemente a las comunidades religiosas".
La organización estadounidense denunció que entre los detenidos por participar en las protestas antigubernamentales del 11J hubo varios líderes religiosos y miembros de dichas comunidades, como fue el caso del pastor José Álvarez Devesa, golpeado por la policía en Camagüey y liberado al día siguiente."
"Al finalizar el año, un número indeterminado de manifestantes, entre ellos líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas, seguían detenidos, desaparecidos", y los que fueron liberados permanecen sufriendo "acoso constante", denunciaron.
Otro de los sucesos reflejados en el documento de USCIRF fue el referente a la Marcha Pacífica por el Cambio convocada el pasado 15 de noviembre, pues en el marco de dicho acontecimiento “la organización no gubernamental Christian Solidarity Worldwide recibió más de 30 informes de que las autoridades estaban atacando a líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa".
"La Policía emitió citaciones e interrogó a los líderes religiosos sobre su conexión con la protesta prevista o les advirtió que no los pusiera bajo arresto domiciliario en las semanas previas a la protesta. Como resultado de la represión del Gobierno contra los líderes religiosos y de la comunidad laica antes del 15 de noviembre, las protestas no se llevaron a cabo como estaba previsto", agregó el documento.
"Además, la Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) siguió aplicando de forma represiva las restricciones religiosas. La Ley de Asociaciones exige a las organizaciones religiosas que soliciten su registro al Ministerio de Justicia, donde se encuentra la ORA. A pesar de los criterios existentes, las decisiones de registro suelen ser arbitrarias y discriminatorias. Los grupos religiosos no registrados son especialmente vulnerables, ya que la pertenencia o asociación a un grupo religioso no registrado es un delito", añadió el informe de USCIRF.
En enero de este año la organización internacional Open Doors colocó a Cuba en el puesto 37 del ranking de persecución religiosa a nivel mundial, solo dos meses después el régimen anunció la creación de un nuevo departamento para atender a este sector, nombrado Departamento de Atención a las Instituciones Religiosas y las Asociaciones Fraternales.
Las violaciones a la libertad religiosa en la Isla son tales que el propio relator especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Religión o Creencias, Ahmed Shaheed, denunció en 2021 que las leyes en Cuba permiten al régimen prohibir y penalizar una amplia gama de actividades religiosas.
"Muchas comunidades religiosas ven sus inscripciones rechazadas con justificaciones raras, lo que resulta en la criminalización de la manifestación de ese grupo en su comunidad. Aún si se otorga la inscripción, la necesidad constante de obtener permiso de la Oficina de Asuntos Religiosos para cualquier actividad que no sea un servicio regular crea una situación imposible para las comunidades religiosas y socava el derecho de ejercer su derecho a la libertad de religión", agregó el relator, que señaló que el requisito de que las comunidades religiosas tengan que inscribirse con el Ministerio de Justicia socava la libertad religiosa.
