Ante una "dramática" situación de los derechos humanos en la Isla, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) presentó una solicitud a Amnistía Internacional para que reconozca como presos de conciencia a 38 personas encarceladas por motivos políticos, en su mayoría procesados tras las protestas antigubernamentales del 11J.
La petición parte de la Asociación de Madres y Familiares de presos políticos cubanos (AMFA) apadrinados por la Red Femenina, una plataforma integrante del CTDC.
Al mismo tiempo, se constituye "una denuncia formal" sobre la situación de los presos, "por ser personas que sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarcelados y sometidos a restricciones de su libertad a causa de sus creencias políticas".
El CTDC solicitó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice gestiones para lograr que "la Fiscalía General de la República de Cuba cumpla, estrictamente, con el mandato legal establecido en el Título VI, Constitucional, Estructura del Estado, Capítulo VI, articulo 156, que en su letra expone: es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos".
Según la CTDC, AMFA hace llegar a la CIDH los datos necesarios "para que se constituya una denuncia formal" sobre "la situación carcelaria implantada por el Gobierno tiránico Castro-Canel a los presos políticos cubanos".
El documento señala que "los familiares de los presos en Cuba se sienten imposibilitados de poder hacer algo por ellos, por la represión que existe por parte del Gobierno cubano."
"Pedimos a la CIDH que recomiende a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la necesidad de realizar un estudio integral del sistema cubano de justicia penal, y la necesidad de continuar el perfeccionamiento del sistema de justicia, a favor de los presos políticos y la población en general, en todos sus ámbitos y estructuras, para consolidar la seguridad jurídica, el 'debido proceso', la protección de los derechos humanos, la institucionalidad y la disciplina social, tan afectada en la Cuba de hoy", dice la carta.
"Por último, pedimos a la CIDH que promueva, a través de mecanismos diplomáticos, ante la Fiscalía General de la República de Cuba, que abogados independientes promuevan ante los tribunales cubanos competentes el procedimiento de Habeas Corpus por las demoras y abusos en las condenas, conforme a las exigencias establecidas en la ley, según el artículo 96 de la Constitución", dice la carta.
El CTDC criticó que el régimen cubano "ha publicitado, a través de los medios oficialistas y redes sociales afines, que existen 790 jóvenes detenidos y sujetos a procesos (tras el 11J), muchos de ellos sumarios, sin reales garantías de derecho de defensa, con abogados plegados al régimen".
"Lo que se pretende es criminalizar un acto democrático como es ejercer 'la libertad de expresión'. Lo único que se pretendía es una apertura democrática, en una Cuba plagada de represión cotidiana", lamentó.
