Estudiantes, profesores y egresados del Instituto Superior de Arte (ISA) envían una carta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la que piden la revocación de la sentencia de seis años de privación de libertad impuesta a Abel González Lescay, estudiante de Música, por participar en las protestas del 11J, y le recuerdan que él aseguró que ningún estudiante universitario iría preso por manifestarse.
La sanción conjunta de seis años de cárcel, por "delito de desacato agravado de carácter continuado" (cuatro años), "desórdenes públicos" (dos años) y "desacato de la figura simple de carácter continuado" (un año) fue emitida el pasado 30 de marzo, dice la carta, que también va dirigida a Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior; Alpidio Alonso Grau, Ministro de Cultura; Rafael González Muñoz, Presidente Nacional de la Asociación Hermanos Saiz, y José Ernesto Novaez Guerrero, Rector de la Universidad de las Artes (ISA).
"El joven tiene un rango de diez días para la apelación. De mantenerse el fallo, ingresaría directamente en prisión", señala el texto, que analiza los cargos imputados al joven y demuestra el carácter desproporcionado de la sanción.
"Es un viejo principio del derecho penal el que un mismo hecho no puede ser constitutivo de más de un delito, criterio que, acertadamente, reconoce el actual Código Penal en su Artículo 10.1-b). Remitámonos a los hechos: el ciudadano Abel González Lescay improvisó un rap en la vía pública", afirma la misiva.
El hecho, explica la carta, no representó un desencadenante para el desorden público en el marco de las protestas. "Al amparo de la actual legislación penal, la conducta de Lescay no resulta típica, es decir: no hubo en ningún momento gritos de alarma, no se profirieron amenazas sobre un peligro común, ni se ha demostrado que se haya tenido el propósito de provocar pánico o tumulto", argumenta el texto.
Respecto al vídeo que muestra las acciones del estudiante ese día, el texto sostiene que el espectador no hallará vestigios de pánico o tumulto, por lo que los firmantes no consideran pertinente la acusación de "desórdenes públicos".
Sobre el cargo de desacato, recuerdan que "según el Código Penal (Art. 11), se está en presencia de un delito de carácter continuado cuando existen DIVERSAS acciones delictivas cometidas por un mismo agente que ataquen el mismo bien jurídico, guarden similitud en la ejecución y tengan una adecuada proximidad en el tiempo".
"La entrada en vigor de la Actual Carta Magna de la República en 2019, replantea la validez de esta figura delictiva al conculcar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales deben ser tutelados por los tribunales de la república en virtud del Artículo 99 (referido al derecho de reclamar ante los tribunales por la vulneración de derechos constitucionales) en relación al 54 (que asegura que el Estado cubano reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión)".
Por ello, los firmantes reiteran que "a Abel González Lescay se le reprocha un único hecho: rapear en la vía pública" y recuerdan que "las declaraciones del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la república, Miguel Díaz Canel Bermúdez, publicadas en el medio digital Cubadebate, señalaban que ningún estudiante universitario sería puesto en prisión por los sucesos del 11-J".
"No hay nada de eso, al contrario, todos ellos se van a incorporar a sus universidades, las que nunca han sido exclusivas para revolucionarios o no revolucionarios. Lo que sí aspiramos es que la formación sea revolucionaria", cita el texto a Díaz-Canel.
La carta señala que los tribunales cubanos imponen sanciones más leves, consistentes en multas u otra que no implican el internamiento en prisión, en "hechos de mayor envergadura".
"Por tanto, nosotros, estudiantes, egresados, profesores del ISA y todos los que suscribimos la voluntad de esta carta, no alcanzando a entender la racionalidad que llevó a imponer tan severa sanción, pedimos que esta sea revocada", expresan los firmantes y señalan que su petición está amparada en el Artículo 61 de la Constitución: "Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley".
La misiva está abierta a la suscripción de todos los interesados. Hasta ahora ha sido firmada por:
Victor Lefebre Barreto
Juan Carlos Sáenz de Calahorra
Evelyn García Hernández
Karla Patricia Lim Franco
David Cruz Rodríguez
Brisbany Recio Pérez
Mariacarla Pérez Diaz
Rocío Salima Vilela
Osvaldo Hernández Menéndez
Naidelys Rodríguez Fernández
Anyelys Medina Fuentes
Ileana Botalin Díaz
Claudia Gómez Izquierdo
Nelson Alberto Beatón Torres
Alain López Martínez
Danny García Soto
Marina Alfonso Izquierdo
Ángel Ruz Pérez
Venus Gutiérrez de la Torre
Daniel Triana Rubio
Adriano Toledo Martínez
Tomas Gonzales Agüero
Ismaelis Luzardo Cabo
José Luis Cárdenas Vera
Raúl Prieto Espinosa
Rolando Gómez Cabrera
Christian Jesús Pérez Castillo
Alexander Diego Gil Valle
Javier Sampedro Cruz
Claudia Veloso Álvarez
Aldo Soler Pérez
Beatriz Barrios Sánchez
Simón Ibáñez Pantoja
Daniel Reinoso Aguilar
Jesús Estrada Gonzales
Luis Ángeles León
Héctor Torres Alarcón
Josué García Gómez
Paula Piñeiro Benítez
Alejandro Calero Díaz
Daniela Lobaina Sardón
Claudia Hernández Cepero
Linda Fontanills Lamonth
Raúl Morejón de León
Daniela Rodríguez Díaz
Jonathan Samir Formell Sierra
Daniel Domínguez Matos
Carol Reyes Hernández
Miguel Alejandro Montero Ochoa
Magdiel Jorge Castro
Evelin Corvea Benítez
David Alejandro Guerra Gómez
Nicole Valle Enríquez
Elizabet Borrego Sánchez
René Ochoa Seoane
Arlett Bárbara Díaz Gonzales
