Un grupo de 21 organizaciones reunidas en la denominada Coalición por la Libertad de Asociación, 12 importantes periodistas latinoamericanos y cinco ex relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron una declaración donde llaman a la comunidad internacional a exigir al régimen cubano el cese de la represión contra el pueblo.
El colectivo exhorta a que se adopten "medidas concretas en reclamo al Gobierno de Cuba para poner fin a la represión, los arrestos arbitrarios y las persecuciones sistemáticas contra periodistas independientes, activistas de derechos humanos, usuarios de redes sociales y ciudadanos en general que demandan cambios a las regulaciones vigentes ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión, además de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución cubana aprobada en 2019".
La carta, publicada en el sitio oficial de la ONG Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), está firmada por los ex relatores para la libertad de expresión de la CIDH Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Ignacio Álvarez y Edison Lanza, y la ex relatora Catalina Botero Marino.
La suscriben también los periodistas Daniel Coronell (Colombia), Gustavo Gorriti (Perú), Raúl Peñaranda (Bolivia), Alejandra Matus (Chile), Janeth Hinostroza (Ecuador), José Rubén Zamora (Guatemala), Mauri König (Brasil), César Batiz (Venezuela), Octavio Enríquez (Nicaragua), Norma Morandini (Argentina), Javier Garza (México) y Eduardo Ulibarri (Costa Rica).
La misiva insta a que el régimen libere "de inmediato y sin condiciones al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y al youtuber e influencer Yoandi Montiel (conocido como 'El Gato de Cuba'), quienes se encuentran detenidos de forma arbitraria desde hace varios meses, acusados del delito de desacato por ejercer sus derechos a la libertad de expresión".
Los firmantes citan en su carta un fragmento del informe sobre la libertad de expresión en Cuba publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en 2018, que reza: "Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como a artistas o a ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social".
Subrayan además que tras las protestas populares del 11 de julio de 2021 "la represión gubernamental en contra de la oposición pacífica ha recrudecido y se ha intensificado. De hecho, las autoridades han incrementado las restricciones a partir de nuevas regulaciones sobre las telecomunicaciones, en busca de reforzar la censura informativa y ampliar el control oficial".
Asimismo, recuerdan que en agosto de 2021 "el Gobierno cubano dispuso nuevas medidas que criminalizan el acto de compartir información 'falsa' y 'ofensiva' en la Internet, y extienden las facultades de las autoridades para restringir la libertad de expresión en el ciberespacio", en referencia al Decreto-Ley 35 "De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico"; las resoluciones 105, 107 y 108, relativas a la ciberseguridad y el uso de las redes de telecomunicaciones; y el Decreto 42, relativo a las tecnologías de la información y la comunicación.
"Más recientemente, en enero de este año, el Tribunal Supremo de Cuba presentó un proyecto de ley que modificará el artículo 143 del Código Penal y prohibirá a los y las ciudadanas cubanas recibir fondos extranjeros, una medida que permitiría a las autoridades del Estado amordazar a la prensa independiente que depende de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades, una iniciativa que estipula penas de hasta diez años de prisión", advierten.
"Es importante recordar que el encarcelamiento de periodistas en represalia por su labor informativa independiente, viola las normas más básicas del Derecho Internacional, entre ellas el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza a todo individuo el derecho 'de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión'".
La declaración subraya que la CIDH y sus relatorías especiales han destacado que "la protesta social es un mecanismo esencial para asegurar el respeto y la garantía a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conforme ha señalado en el informe sobre Protesta y Derechos Humanos, exhortando a las autoridades a canalizar el descontento social a partir del diálogo y la escucha activa de los reclamos ciudadanos tomando las medidas que resulten necesarias para su satisfacción".
