Este lunes comienza el juicio contra 33 participantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la localidad de Güira de Melena, el cual se desarrollará en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del tribunal del municipio habanero de Diez de Octubre, según informó Radio Televisión Martí.
Los cubanos, juzgados en un tribunal militar, enfrentan cargos por "sabotaje con carácter continuado", "sabotaje", "desórdenes públicos", "desacato", "atentado" y "robo con fuerza".
Las autoridades cubanas prevén que las sesiones del juicio se extiendan a lo largo de la semana, por lo que podría quedar visto para sentencia este mismo viernes.
De acuerdo con el abogado cubano Julio Ferrer, consultado por el mencionado medio de prensa, "muchos de los manifestantes del 11 de julio han sido sometidos a la jurisdicción militar y juzgados por tribunales militares, especialmente aquellos que estuvieron o tomaron parte en los hechos acontecidos en relación a las tiendas TRD".
Ferrer explicó que la realización del juicio en un tribunal militar se debe a que las tiendas TRD pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por lo que el régimen considera que a los manifestantes de Güira de Melena que rompierton estos comercios deben ser procesados en dichos tribunales.
Entre los cubanos que serán juzgados a partir de hoy en Diez de Octubre se encuentra el periodista independiente Jorge Bello, acusado de "sabotaje continuado", "desacato", "desórdenes públicos" y "robo con fuerza".
Al respecto, su esposa, Yuleidis López González, denunció que "todo es falso. No tienen pruebas en su contra. A una de los testigos claves, la amenazaron en la Policía. Se llama Berta Barrios Pérez. Ella le comunicó a la madre de Jorge, Marta Domínguez, que la citaron el 3 de marzo a la unidad policial y que no podía ser testigo de Jorge".
El ensañamiento del régimen contra los manifestantes se debe a que el 11J fue apedreada y saqueada la tienda panamericana TRASVAL, cuyos productos son vendidos en MLC, lo que irritó a la población de la localidad, hastiada de la escasez y el desabastecimiento.
El propio documento que recoge las conclusiones de la Fiscalía sobre el caso reconoce que cientos de personas se dirigieron a las tiendas en MLC con el propósito de destruirlas, "como muestra de inconformidad con el objeto social de las mismas".
Tras las protestas del 11J el régimen emprendió una campaña de "juicios ejemplarizantes" mediante los cuales se propone procesar a unas 790 personas, entre las cuales hay 55 de entre 16 y 17 años de edad.
Este viernes la Embajada de EEUU en Cuba denunció las condenas impuestas contra 51 manifestantes del 11J, quienes deberán cumplir entre seis y nueve años en prisión.
“se debe a que las tiendas TRD pertenecen a las Fuerzas Armadas”. Claro que de los dos presupuestos existentes los militares defienden el suyo.