El Tribunal Municipal de Colón dejó concluso para sentencia este lunes el juicio contra cinco manifestantes del 11J, entre ellas tres opositores, por su participación en las protestas suscitadas en esa localidad, confirmó a DIARIO DE CUBA Regla Burunate, esposa de Francisco Rangel Manzano, uno de los procesados.
La Fiscalía pide siete años de privación de libertad para Rangel Manzano, ocho para Leylandys Puentes Vargas, siete para la Dama de Blanco Tania Echavarría, diez años para Raúl Santana López y siete para César Adrián Delgado Correa, estos dos últimos ciudadanos sin afiliación política o pertenencia a organización de la sociedad civil independiente.
"A los hombres los trajeron esposados como si fueran unos peligrosos criminales", dijo Regla Burunate, quien además describió un fuerte operativo policial alrededor de la sede del tribunal y en las viviendas de los activistas.
Denunció que los cuatro testigos presentados para el caso de Rangel Manzano eran "agentes de la Seguridad del Estado, un miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida y una chivata". "Fue un juicio amañado, todo fue una mentira, hecho de antemano", lamentó.
"A Pancho, que solo había caminado 30 metros cuando lo cogieron, lo culparon de liderar la manifestación. La abogada de oficio (Rangel Manzano había renunciado a cualquier defensa por considerar el proceso amañado) lo defendió bien. Argumentó que no podía liderar la marcha si se incorporó lejos de donde dio inicio", añadió Burunate.
Según la esposa de Rangel Manzano, "la sentencia firme la darán el día 5 de enero".
Los cinco manifestantes del 11J en Colón son acusados de "desacato" y "desórdenes públicos". Delgado Correa y Santana López están imputados, además, por el delito de "atentado".
Rangel Manzano y Puentes Vargas son miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cuyo presidente Félix Navarro permanece arrestado desde el 12 de julio cuando fue a la estación policial de Colón a interesarse por los detenidos en las marchas del día anterior.
La Fiscalía planteó en los documentos acusatorios que los tres opositores no realizan "ninguna labor socialmente útil" y se relacionan con individuos "de mala conducta". Según Burunate, el tribunal aceptó una carta firmada por los vecinos de Rangel Manzano expresando su apoyo al activista, "incluso con firmas de militantes comunistas".
Queja ante la ONU
La plataforma Inteligencia Ciudadana que lidera el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios presentó una queja a la sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la representante de ese organismo en Cuba, Consuelo Vidal Bruce, por la falta de una resolución frente a la actuación del régimen contra los manifestantes del 11 de julio y sus familiares.
"La comunicación aborda el cuadro selectivo, persistente, deliberado e impune de hostigamiento a familiares de las personas detenidas por oponerse al totalitarismo, en especial los manifestantes del 11 de julio", dijo Fernández Palacios, autor de la reclamación, citado por Radio Televisión Martí.
Explicó que se refiere "a la falta de declaración oficial de dichos funcionarios del sistema de la ONU con funciones hacia Cuba sobre la represalia que tuvo lugar el 11 de julio y días siguientes".
Cinco días después de las protestas, Bachelet señaló que "todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente", pero después no se ha pronunciado sobre los procesos penales irregulares que exponen los familiares de los encarcelados en relación con el estallido social.
"Tampoco hay alguna declaración en cuanto al acoso que ha sido llevado a cabo por oficiales operativos de la violenta Sección 21 de la Contrainteligencia contra los familiares de las personas detenidas", lamentó Fernández Palacios.
"Le he traslado a esos funcionarios las más recientes expuestas por Disney Azahares Moré, de Camagüey; Yaíma Sardiñas Figueredo, de Artemisa; Bárbara Farrat Guillén y Yudinela Caridad Castro Pérez de La Habana. Son víctimas de la contrainteligencia y la militancia del Partido Comunista", precisó el abogado.
Inteligencia Ciudadana presentó el lunes una denuncia a favor de Yadir Ayala Ibáñez (32 años, Camagüey), conforme al Procedimiento de Investigación de Caso Individual, ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA), de la oficina de Bachelet, con sede en Ginebra, Suiza.
"El 11 de julio de 2021, Ayala Ibáñez formó parte de la manifestación contra el totalitarismo, que tuvo lugar en la ciudad de Camagüey. (Allí) las fuerzas represivas y los grupos de odio, es decir, las Brigadas de Respuesta Rápida formadas mayormente por la militancia del PCC y la UJC, fueron extremadamente violentos contra los manifestantes. Esas personas incluso llegaron a lanzar piedras desatando, lamentablemente, un caos de unos contra otros", describió Fernández Palacios en la denuncia.
Ayala fue arrestado el 21 de julio de 2021. Lleva 152 días en régimen de prisión provisional.
Según la denuncia, "la acusación penal que pende sobre él, establecida mediante interrogatorios bajo coacción y sin la presencia de su representación letrada, es por los presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado e instigación a delinquir". El fiscal Aciel Agüero Cabrera pide para el detenido una sanción privativa de libertad de 12 años. El juicio oral en su contra está concluso para sentencia.
"Desde la perspectiva de los Derechos Humanos (prima facie) el proceso penal seguido contra Yadir Ayala Ibáñez está signado por las abominables características inquisitoriales, en virtud de la obsoleta Ley número cinco de Procedimiento Penal de 1977, sujeta a derogarse el 1 de enero de 2021, debido a sus retrógrados estándares en detrimento de la persona acusada de un presunto ilícito penal", señaló el abogado independiente en su denuncia.
Según el jurista, el proceso "inobserva varios derechos consagrados en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Irrespeta varias de las Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas. Ignora varios de los principios predicados en el 'Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión' aprobados por la Asamblea General de la ONU".
"Si fuera poco, fueron incumplidas varias de las Garantías Judiciales del Proceso Penal establecidas en la controvertida ley suprema cubana", denunció.
