Los abuelos del activista cubano Dixan Gaínza Moré, procesado por participar en las protestas del 11 de julio en Camagüey, han pedido libertad para su nieto, quien ha sido sostén del matrimonio de ancianos, enfermos y dependientes.
"Pido la libertad de mi nieto Dixan, que lo necesitamos mucho. Mucho lo necesitamos porque él es el que nos ayuda a nosotros. Somos ancianos, no nos podemos valer ya. Yo tengo 84 años y la vieja tiene 80 y está muy enferma", dijo el anciano en un video publicado por la hermana del preso político en el grupo Madres y familiares de manifestantes del 11J en Facebook.
"Yo también estoy enfermo, porque me han dado tres infartos. Estamos delicados. Estamos con falta de medicamentos porque no los hay, no vienen a la farmacia", lamentó el abuelo.
En otro video agradeció "la esperanza" que le dan muchas personas "de que todo va a salir bien".
"Él siempre ha sido el padre de familia para nosotros, nunca ha tenido un lujo, no ha tenido nada, porque lo que él se gana es para nosotros. Por eso nosotros queremos mucho a ese muchacho. Lo queremos ver libre, no ha hecho daño a nadie", dijo el anciano, quien está acompañado en el video por su esposa.
Según consta documentado por la asesoría legal Cubalex, Gainza Moré fue arrestado sin violencia en su domicilio, por oficiales de la guardia operativa junto a dos agentes de la policía política tras las manifestaciones del 11J.
Luego de ser detenido, pasó 16 días en huelga de hambre, en la tercera unidad policial de la Carretera Central de Camagüey. Depuso la huelga por reiterados pedidos de su madre y su hermana.
El joven, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es acusado de los delitos de "desorden público y atentado".
La abogada que contrató su familia ha pedido en dos ocasiones a la Fiscalía un cambio de medida, pero ambas han sido denegadas.
"Dixan no tiene antecedentes penales, por lo que clasifica como primario, y aún así lo han transferido a la prisión de máxima severidad Kilo 8", denunció Cubalex.
Según el expediente de fase preparatoria (EFP 63 de 2021), la petición fiscal para el activista es de cuatro años de privación de libertad por desórdenes públicos y siete años por atentado, para una sanción conjunta de diez años.
Juicio a 16 activistas en Santiago de Cuba
La Fiscalía de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, pide seis años de privación de libertad para el activista Daineris Moya por su participación en la marcha del 11 de julio en su localidad.
"He participado en las protestas del 11 de julio aquí en el municipio. Pude marchar junto al pueblo, pacíficamente, con alrededor de 3.000 personas, donde cada cubano lideró sus propios pasos", dijo el opositor a Radio Televisión Martí.
El juicio contra Moya, miembro de la UNPACU y acusado de los delitos de "desacato y desórdenes públicos", está previsto en el Tribunal Municipal esta semana, los días 20, 21 y 22 de diciembre.
"Este tribunal amañado, parcializado, pretende encarcelarme injustamente, puesto que no he tenido enfrentamiento con ninguno de los represores. Solo disfruté la marcha pacífica junto al pueblo. El régimen arremete brutalmente contra todo el que decida alzar su voz por la libertad", añadió.
El joven, hijo del preso político recientemente fallecido Pablo Moya Delá, fue arrestado el 11 de julio y tras varios días detenido se le impuso una medida cautelar de reclusión domiciliar.
"Quiero citar una definición de justicia (hecha por el jurista austríaco) Hans Kelsen: 'La justicia es aquella bajo cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia'. Solo he ejercido mi derecho como cubano, hijo legítimo de esta tierra, a reclamar, a protestar pacíficamente por lo que tanto anhelamos nosotros", recalcó Moya.
En la misma causa serán enjuiciadas otras 15 personas por delitos que van desde instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, evasión de presos o detenidos, resistencia y denegación de auxilio hasta desobediencia.
La condena más alta es de 15 años de privación de libertad para Yurisnel Rodríguez Torres; 12 años para Enrique La O Martínez, Andrés Lugo Pérez, Reynaldo Dell Arias, Jorge Luis García García y Jorge Reinier Arias García, y diez para Lorenzo Fajardo, Daniel Fernández Álvarez, José Ávila Cedeño y Andrés Quinta Torres.
Para Rodennis Ávila Corujo, José Manuel Arias Campo y Francisco Candiot García García, nueve años de prisión; seis para Daineris Moya y Angel Bismaury Herrera Londres y siete para Elizabeth Arias García.
Según las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los acusados trataron de romper el cordón de seguridad impuesto por oficiales del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y se enfrentaron con piedras contra las fuerzas represivas, golpeando con los puños una patrulla policial que resultó abollada.
¡Pobre gente!