El opositor cubano Francisco Rangel no quiere defensa en un proceso por el 11J que califica de 'amañado'

Francisco Rangel Manzano, Leylandis Puentes Vargas y Tania Echevarría Menéndez son tres de los más 40 opositores cubanos que han sido procesados por el régimen por participar el pasado 11 de julio en las protestas suscitadas en la Isla. Rangel Manzano, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, dice que "no quiere abogado" por lo que considera un "proceso falso" y una "injusticia".

Por primera vez desde que fueron detenidos hace más de tres meses en Colón, Matanzas, Rangel Manzano y Puentes Vargas tuvieron visita familiar en la prisión.

"La semana pasada lo visité por primera vez. Él está bien, firme, a la espera del juicio, pero él no quiere abogado, ni defensa, porque dice que es un juicio amañado por la Seguridad del Estado. Ni abogado, ni fianza, porque él está preso injustamente, no cometió delito alguno", declaró a DIARIO DE CUBA Regla Burunate, la esposa de Rangel Manzano.

Agregó que el opositor no acepta los cargos "ni de desorden público, ni de desacato".

"El día de la manifestación, al salir de la casa, lo que caminó serían seis metros, no más, y la Seguridad del Estado se lo llevó", explicó Burunate, quien junto a Rangel ha estado al frente de un comedor social que ha dado de comer a los pobres del barrio, en medio de los ataques del régimen a toda iniciativa solidaria de la sociedad civil independiente. 

"Lo tildan de delincuente, dicen que vociferó cosas, pero yo tengo el vídeo donde se ve todo", añadió la activista y calificó de "mentira" la historia contada en los documentos judiciales de una causa en la que, además de los opositores mencionados, son procesados los ciudadanos cubanos César Adriam Delgado Correa y Raúl Santana López, sin vínculos con organizaciones de derechos humanos o filiación política.

La Fiscalía Provincial de Matanzas pide condenas de siete años de privación de libertad para Rangel y Tania Echevarría, y ocho para Puentes Vargas. Los tres están acusados de los presuntos delitos de "desórdenes públicos y desacato". 

Para Delgado Correa, la Fiscalía pide siete años por los mismos delitos y, para Santana López, diez años por "desórdenes públicos, desacato y atentado".

"Pancho está fuerte, dice que sus ideas nadie se las va a arrebatar", dijo Burunate sobre su esposo en su conversación con DIARIO DE CUBA.

El Expediente de Fase Preparatoria No. 137/2021 de la Unidad Territorial de Investigaciones Criminales de Colón, el pliego acusatorio presentado por la fiscal provincial Yanelis Rodríguez Reyes y el auto (resolución judicial), de fecha 21 de septiembre de 2021, dictado por el Tribunal Municipal de Colón bajo la presidencia de la juez profesional Dayris Roque García, describen a Franciso Rangel Manzano como un "elemento antisocial", algo que sus propios vecinos desmienten.

"Pancho es muy querido aquí, los vecinos están indignados, porque en ningún momento han venido a preguntar por la actitud de Pancho y lo presentan como un delincuente para tenerlo en una cárcel de máxima seguridad", lamentó Burunate.

Abogados consultados por DIARIO DE CUBA observaron violaciones tanto del órgano de instrucción y la Fiscalía como del tribunal en el caso de estos tres activistas y dos ciudadanos de a pie que se enfrentan a severas penas de cárcel en un juicio aún sin fecha.

Tania Echevarría, con restricciones a su libertad personal por una medida cautelar de reclusión domiciliaria que le impide moverse libremente, se enfrenta a una posible condena de siete años de cárcel a pesar de ser mujer y carecer de antecedentes penales. La activista es esposa de Leylandis Puentes Vargas.

"La semana pasada pude visitarlo, también tuve una visita matrimonial. Fue bastante desagradable, aquellos pabellones están desarmados, no hay corriente, no hay agua, no hay nada, fue deprimente", dijo Echevarría a DIARIO DE CUBA.

Según la activista, su esposo está firme a la espera de un juicio que sabe será una "farsa más". "Lo único que hicimos fue salir a la calle a sumarnos a las personas que ya se manifestaban", concluyó sobre su situación.

La activista denunció también el caso de Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien la semana pasada sufrió represalias de las autoridades carcelarias.

"Con Félix Navarro han sido bastante crudos. Tuvo visita el viernes 15 de octubre, cuando fueron su hija y la esposa a verlo, pero solo dejaron pasar a una sobrina. No le dejaron pasar tampoco una enguatada, ni barritas de maní. Le han arrancado las hojas a una libreta de notas", denunció.

En un análisis publicado por DIARIO DE CUBA sobre el caso de Navarro, abogados concluyeron que nada justifica el encarcelamiento del opositor cubano, quien ha estado preso más tiempo del que requiere la fase investigativa para los delitos de los que se le acusa.

Navarro fue detenido el pasado 12 de julio, al día siguiente de las masivas protestas del 11J. Agentes policiales lo arrestaron cuando se presentó a la estación de Perico para pedir noticias de los miembros de su agrupación detenidos en las manifestaciones. 

No era delincuente infraganti, no calificaba como prófugo de la justicia ni era un acusado declarado en rebeldía por un anterior proceso penal. Su presencia en la unidad policial no produjo ninguna alarma. No estaba acusado de un delito contra la Seguridad del Estado. Sin embargo, está acusado de "desórdenes públicos" y "atentado" por ejercer un derecho constitucional.

Iván Hernández Carrillo, quien como Navarro formó parte del grupo de 75 opositores condenados a largas penas de cárcel en la Primavera Negra de 2003, confirmó a DIARIO DE CUBA que la Fiscalía pide para el opositor 15 años de privación de libertad. Para su hija, la activista Saylí Navarro Rodríguez, el régimen pide 11 años de cárcel.

Navarro padeció Covid-19 en la prisión y su salud se vio comprometida aún más por una huelga de hambre que protagonizó aún convaleciente de la enfermedad, en protesta por su arbitraria situación.

Un total de 47 opositores cubanos fueron detenidos durante y después de las protestas del 11 de julio en pueblos y ciudades de la Isla. En la cifra, documentada por el centro de asesoría legal Cubalex, no están incluidas otras figuras contestarias como periodistas independientes, artistas e intelectuales, que también han sido registrados, pero bajo otras categorías. Es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y de otros miembros del Movimiento San Isidro y el 27N. Así, el número total de activistas superó los 71.

Muchos de los detenidos, miembros de organizaciones opositoras muy activas y visibles dentro de la Isla, continúan presos, algunos permanecen casi incomunicados, como es caso de José Daniel Ferrer. El régimen ha aprovechado el estallido social para encerrar a voces incómodas reconocidas y a otras contenerlas con medidas de reclusión domiciliaria.