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represión

Universitarios cubanos exigen libertad para el estudiante del ISA Abel Lescay, pendiente de juicio por el 11J

Dos cubanos se encuentran detenidos en Bahamas tras llegar en una embarcación huyendo de la represión por participar en las protestas del 11J.

La Habana
El joven estudiante de música Abel Lescay.
El joven estudiante de música Abel Lescay. El Caimán Barbudo/Facebook

Un grupo de estudiantes cubanos, nucleados alrededor de la plataforma Reclamo Universitario, rechazaron la causa judicial abierta contra el alumno del Instituto Superior de Arte (ISA) Abel Lescay por su participación en las protestas del 11 de julio y reclamaron solidaridad internacional con su caso.

"Los jóvenes de Reclamo Universitario, coherentes con el legado de Mella y la verdadera juventud revolucionaria, no abandonaremos jamás a ningún compañero de nuestras aulas. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional con Abel Lescay. Lo queremos libre y en la universidad", afirmaron en un comunicado publicado en Facebook.

"No podemos pensar al opresor solamente como el burgués de siempre, la burocracia también oprime", añadieron.

Lescay será juzgado entre los días 5 y 6 de diciembre en un Tribunal de La Habana por los delitos de "desacato a la figura básica", "desacato a la figura agravada" y "desorden público", por lo que podría ser sentenciado a siete años de privación de libertad.

Actualmente el joven se encuentra en residiendo en la beca del ISA, donde continúa tomando clases de forma normal, según confirmaron familiares a DIARIO DE CUBA, pero en caso de ser declarado culpable significaría la expulsión del centro de estudios

Autoridades de Bahamas detienen a pareja de cubanos que huyó por represión del 11J

Los cubanos Maikel Rodríguez Jiménez y Nathalie Palacios Morffis se encuentran detenidos por las autoridades de Bahamas desde el mes de septiembre, cuando arribaron a la isla caribeña en una embarcación rústica huyendo de la represión del régimen por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio.

Tras llegar a Bahamas, la pareja de cubanos solicitó asilo político, sin embargo, fueron detenidos y recluidos en el Centro de Detención de Carmichael Road, donde se encuentran desde el 7 de septiembre, informó el diario The Tribune.

Bernard Turner, juez del Tribunal Supremo de Bahamas, concedió a los abogados que representan a la pareja de cubanos el permiso para presentar un recurso de habeas corpus a su favor, ante lo que las autoridades locales tienen hasta este jueves para responder.

El juez bahamés también dispuso que ninguna autoridad del país podrá deportar, expulsar, remover o repatriar a los cubanos hasta que se complete el proceso o se emita una nueva orden.

Turner también exigió a las autoridades de Bahamas que permitan a Rodríguez Jiménez, quien actualmente sufre una fractura en el pie, hablar con sus abogados, que han tenido problemas para reunirse con él en el centro de detención.

En la petición de asilo la pareja expresó que "como resultado de su participación en las manifestaciones en o alrededor de la ciudad de Camagüey, el Sr. Jiménez fue acosado por la policía cubana y se vio obligado a esconderse junto con la Sra. Morffis hasta el 24 de agosto de 2021, para evitar ser detenidos y encarcelados por sus opiniones y actividades políticas".

Más de 1.200 cubanos fueron arrestados por participar en las protestas del 11J, según contabilizó la ONG cubana Cubalex, de los cuales al menos 600 se encuentran en prisión actualmente.

De acuerdo con Laritza Diversent, directora de Cubalex, "los manifestantes del 11 de julio no pueden ser procesados por el delito de desórdenes públicos, ni ningún otro". 

Primeramente, el Artículo 56 (Nueva Constitución de Cuba, 2019) dispone que "los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley", señaló.

Sobre la sanción por el delito de desorden público, la abogada añadió que el Código Penal prevé una privación de libertad de tres meses a un año, al que sin por causas justificadas en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas de gritos de alarmas, o profiera amenazas de un peligro común. 

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