La Secretaría de Diversidad del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) alertó a la comunidad internacional, y en especial a los organismos internacionales encargados de proteger los derechos humanos, de la escalada violenta de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, sin respetar el debido proceso, de ciudadanos cubanos que hasta hoy se registra a raíz de las diversas protestas ocurridas en la Isla en las jornadas del 11, 12 y 13 de julio.
"Vemos con muchísima preocupación la cantidad de jóvenes detenidos, algunos localizados en diversas instituciones policiales bajo un acelerado proceso de investigación con la intencionalidad de castigar públicamente lo más rápido posible, así como el desconocimiento y desaparición de un significativo número de personas detenidas", señaló en un comunicado.
"Nos preocupan los mensajes que va dejando hegemónicamente el poder a través de las autoridades responsables de los órganos policiales y de Justicia penal, los maltratos físicos y las detenciones ilegítimas contra quienes ejercieron su derecho a la protesta social de forma pacífica, amparados en el artículo 56 de la Constitución cubana que reconoce los derechos de manifestación, reunión y asociación", añadió.
Alertó de que "la criminalización de la protesta con perfiles racializados es una de las narrativas que están siendo amplificadas permanentemente a través de los medios de comunicación del Estado y por parte de sus más altos funcionarios", con lo que "se intenta lograr tres objetivos: desvirtuar la naturaleza política de las manifestaciones, marginalizar las demandas y aterrorizar al resto de la sociedad".
"A partir de ahí se pretende fabricar y fortalecer la percepción de que quienes participaron de la protesta social y otras acciones de rebeldía deben ser severamente castigados. El derecho a la protesta se interpreta como un crimen, como un delito que amenaza la estabilidad y a una ficticia unidad nacional. Se refuerza de este modo la pedagogía autoritaria de un Estado que considera a los participantes en protestas como delincuentes y mercenarios a penalizar. El CTDC considera esta construcción como algo altamente preocupante, que reproduce la mentalidad de las elites de poder de principios del siglo XX, cuando la llamada Guerrita de los Independientes de Color", denunció.
"La cifra hoy de detenidos que roza más de 400 personas (más de 500 según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos) es preocupante, y entre toda la diversidad de quienes ahora se encuentran privados de libertad están jóvenes artistas y emprendedores que lideran el espacio público y son importantes referentes de muchos de las y los jóvenes hoy detenidos y sujetos a probable juicio", añadió.
El Consejo citó los casos de Richard Adran Zamora Brito (Radikal), rapero, residente del municipio Colón, provincia Matanzas; Diana Rosa Naranjo, promotora cultural revista La Tinta y emprendedora, residente del municipio Centro Habana, provincia La Habana; Abel Lescay, estudiante musicología, residente del municipio Bejucal, provincia Mayabeque; Ramon López Díaz (El Invasor), músico y rapero, residente del municipio Bayamo, provincia Granma; Omar Plano Cordovi (DJ) residente de Santiago de Cuba.
También mencionó el caso de Javier L Mora, poeta y traductor, residente de la provincia de Holguín, colaborador de DIARIO DE CUBA; Mario Miguel GarcÍa Pina, Músico, residente de municipio Bejucal, provincia Mayabeque; Milton Mc Donald, rapero y músico, residente de La Habana y citado policialmente para este sábado y Fernando Almenares (Nando OBDC) rapero residente de La Habana y quien estuvo detenido varias horas bajo interrogatorio.
"Preocupa asimismo hoy al CTDC la situación de muchos jóvenes anónimos, entre los que se encuentran afrodescendientes, también sujetos tansgéneros, detenidos en unidades policiales o centro de investigaciones policiales, debido al autoritarismo y a la homofobia agresiva del Estado y sus agentes", señaló el comunicado.
"Desde la Secretaría de Diversidad del CTDC condenamos todo tipo de criminalización de quienes ejercieron su derecho a la protesta social, y exigimos a la fiscalía y a los tribunales que sean garantizados los principios de imparcialidad y del debido proceso. A la comunidad internacional le exhortamos investigar los abusos de autoridad cometidos y a acompañar a las víctimas de un Estado que solo judicializa los derechos humanos y los mismos derechos reconocidos en la Constitución", concluyó.
En otra declaración, el CTDC dijo que un programa y una red de apoyo para familiares de los cientos de detenidos de las jornadas de rebeldía popular con el fin de buscarles asesoría jurídica y visibilidad nacional e internacional, será asumido por la Secretaría de Diversidad, a cargo de Juan A. Madrazo Luna.
Los que se ocuparían del asunto, Félix Navarro Rodríguez, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos y Constitucionales del Consejo, y José Daniel Ferrer, presidente del Consejo, se encuentran detenidos desde el propio domingo.
"Todos los activistas pueden cooperar con esta misión. Los derechos humanos son una piedra angular en la reconstrucción cívica de la nación y el Consejo no escatimará esfuerzos para robustecer el tejido de los derechos humanos, defender y proteger los derechos de todos. Principalmente de los más olvidados", señaló el comunicado.
