"¿Legisla realmente la Asamblea Nacional (del Poder Popular) en Cuba?", fue la pregunta con la que el cubano Juan Moreno, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE), comenzó su intervención en la presentación del dossier Una agenda legislativa que sí responda a la realidad cubana, en la tarde del miércoles, con transmisión en vivo a través de la página de Facebook de la iniciativa Monitor Legislativo Cubano (MLC).
Tras explicar cómo se conforma la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en Cuba, cuyos delegados deben contar con aprobación del Partido Comunista de Cuba (PCC) y son votados por el pueblo, no a partir de sus propuestas, sino de una biografía de media cuartilla de extensión, Moreno señaló que "nunca, en estas nueve legislaturas, la Asamblea ha ejercido la iniciativa legislativa. Esta siempre se genera en el Consejo de Estado, órgano ejecutivo que sustituye a la Asamblea, entre sesiones". Sobre dicho órgano destacó que sus miembros coinciden con los del Buró Político del PCC.
Esta subordinación de la ANPP a los intereses del PCC se hizo evidente en la elaboración de la Constitución llevada a referendo en 2019 y en el Cronograma Legislativo aprobado a finales de ese año.
Es por ello que, en 2020, un grupo de juristas, periodistas y activistas cubanos, unidos en la iniciativa Monitor Legislativo Cubano (MLC) decidieron monitorear la labor legislativa en Cuba y elaborar una serie de propuestas que sí respondan a la realidad del país.
La presentación de las mismas en la tarde del miércoles, marcó la culminación de un año de trabajo. El evento fue convocado por MLC, DIARIO DE CUBA, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales.
La jurista Madelyn Rodríguez, de la Consejería Jurídica de Instrucción Cívica abordó el tema de la garantía del debido proceso. La abogada se refirió al control del partido único sobre los medios de comunicación y de "las ramas ejecutiva, judicial y legislativa", así como a distintas formas que ha tomado la represión de los opositores, "principalmente, en el uso del derecho penal para criminalizar a estos ciudadanos en sus actividades".
"Esta criminalización es posible, porque las leyes niegan derechos civiles y políticos a los ciudadanos”, explicó Rodríguez, quien, como ejemplo reciente de la ausencia de garantía del debido proceso en Cuba, se refirió a los hechos del 11J, cuando "muchas personas fueron golpeadas, desaparecidas, maltratadas, sometidas a tratos crueles e inhumanos".
Los juicios sumarios a los que fueron sometidos muchos de esos manifestantes son una de las razones por las que Rodríguez enfatizó en la necesidad de que las personas puedan contar con defensa letrada desde que se sientan amenazadas, algo que, como apuntó, ha sido señalado al Gobierno de Cuba por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, el abogado Yaxis Cires, coordinador de Cuba Humanista y director de estrategia del OCDH, abordó la necesidad de eliminar la pena de muerte en el nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de 2022, teniendo en cuenta que esta "sigue contemplada como sanción para un número importante de delitos (...) entre ellos el delito de sedición". Este es uno de los cargos que está imputando la Fiscalía General de la República contra los manifestantes del 11J.
Cires expresó la necesidad de que tanto la sociedad civil cubana como la comunidad internacional exijan la abolición de esta pena de la legislación cubana, considerando que, como plantea Amnistía Internacional "la pena de muerte no disuade; hay sistemas judiciales que no respetan el debido proceso".
"A veces se comenten errores, porque los sistemas judiciales al final están operados por personas humanas, se cometen errores en la apreciación de pruebas y la pena de muerte es algo que no tiene vuelta atrás. Se ha demostrado que la pena de muerte se ha aplicado a personas que después se han demostrado inocente", recordó Cires.
Cada una de las propuestas elaboradas por MLC y recogidas en el Dossier legislativo: Una agenda aegislativa que sí responda a la realidad cubana, que incluye temas como la necesidad de una nueva Ley de Educación, el sistema de salud pública y el desempleo en Cuba, serán presentadas a la ANPP, que es el máximo órgano legislativo de la Isla.
