Cacerolazo masivo en toda Cuba el 14 y 15 de noviembre, llama Archipiélago

"¡Suena tu caldero en apoyo a los cubanos que saldrán a marchar el #15NCuba!", llamó la plataforma cívica Archipiélago, que convocó a los cubanos a manifestar su apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio los días 14 y 15 de noviembre haciendo sonar sus cacerolas a las 8:00PM.

"Suena tu caldero de metal cada día para demostrar desde tu casa el apoyo popular que existe a la Jornada Cívica por el Cambio. Hazlo por la liberación de los presos políticos, por el derecho a la diversidad de opiniones y por los cambios para Cuba", señaló la iniciativa de la sociedad civil independiente en su perfil de Twitter.

"¡Suena tu caldero por los más de 600 ciudadanos que permanecen en las cárceles por ejercer su derecho al disenso! ¡Suena tu caldero por la necesidad de un cambio para Cuba!", finaliza la convocatoria.

Los cacerolazos, que en otros países de América Latina son acciones de protesta de los ciudadanos, a menudo para reclamar por la escasez y el precio de alimentos, se han expandido en Cuba durante los últimos dos años, sobre todo a partir de acciones de grupos opositores.

En la Isla, en cambio, suele utilizarse como una manera de manifestarse contra el régimen y rechazar la violencia represiva.

Dos días atrás, la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de noviembre de la propia Archipiélago informó que registró en una semana, del 31 de octubre al 6 de noviembre, un total de 45 denuncias de acciones represivas en La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Holguín, Guantánamo, Pinar del Río, Las Tunas y Ciego de Ávila, en la mayoría de los casos incurriendo en violaciones a varios derechos humanos reconocidos internacionalmente.

En un informe publicado en su canal de Telegram, Archipiélago denunció mítines de repudio en domicilios de activistas de diversas provincias, entre ellos los realizados contra el escritor Rafael Vilches en Cienfuegos, el dramaturgo Yunior García Aguilera en La Habana y la ilustradora Mary Esther Lemus Cordero, también en la capital.

La plataforma también cuestionó el "incremento sustancial de citaciones e interrogatorios, que son ilegales porque no responden a un proceso penal previo".

Según los testimonios recopilados, "los órganos de represión del Estado cubano han acentuado el carácter coercitivo y humillante de estos interrogatorios. Mientras más se acerca la fecha de la manifestación, la manipulación psicológica se vuelve sistemática, más agresiva y rigurosamente planeada por el Estado".

También denunció el "aumento de operativos policiales de vigilancia sostenida a los coordinadores de Archipiélago y otros activistas organizados o no, así como contra sus familiares y amistades", además de "detenciones arbitrarias en varias ciudades del país", entre ellas las del profesor Albert Sánchez y la reportera Iliana Hernández, en La Habana, así como la de Leinier Cruz, en Guantánamo, "que derivaron en tratos degradantes y humillantes".

"Continúan los despidos laborales discriminatorios por ideas y posturas políticas, como el de Edel Carrero, quien ha sido expulsado de su trabajo en el Centro de Teatro de La Habana, un organismo del Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) dependiente del Ministerio de Cultura", añadió el informe.

El informe condenó que el régimen cubano despliegue "toda una ofensiva de manipulación de la ciudadanía e incitación a la violencia de forma masiva por diversas vías", entre ellos la campaña de descrédito desde los medios oficiales controlados por el PCC, el "diseño de estrategias gubernamentales de control social y comunitario" como la programación de actividades oficiales en coincidencia con las fechas de la marcha cívica y "un Poder Judicial al servicio de los intereses ideológicos del Estado".

Para Archipiélago, "se trata de inducir un estado de impotencia absoluta en los ciudadanos utilizando métodos de control emocional y conductual cuyo fin es que las personas desistan de ejercer sus derechos".

"La Comisión denuncia la intencionalidad del Estado cubano y teme que se esté preparando la opinión nacional a favor del linchamiento políticamente justificado. Estamos en presencia de un recrudecimiento alarmante de los poderes ilimitados del Estado cubano", añadió Archipiélago.

El régimen cubano amenazó en octubre a los convocantes de la Marcha Cívica con imputarles varios delitos y procesarlos judicialmente si persistían en su llamado a manifestarse pacíficamente. A pesar de ello, la convocatoria sigue en pie.

En ese sentido, Ned Price, vocero del Departamento de Estado de EEUU tuiteó el martes: "Una nueva generación se suma a los activistas de derechos humanos de Cuba e implora a su Gobierno el respeto a los derechos humanos. El 15 de noviembre, el Gobierno cubano puede hacer la elección correcta, escuchar a su pueblo mientras marcha pacíficamente para que sus voces sean escuchadas. #15N".