El fiscal provincial de Mayabeque, Yerandy Calzadilla Dávalos, ha solicitado sanciones que van desde los seis a los 25 años de cárcel para una decena de manifestantes del 11 de julio en ese territorio, a los que ha procesado en la causa 152/21. Las peticiones han sido presentadas ante la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Mayabeque para los detenidos Maikel Puig Bergolla y otros ocho cubanos presos a raíz del 11J, cuyos familiares no quisieron hacer pública su identidad, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en un comunicado.
"Las peticiones son el reflejo del talante vengativo del régimen imperante en la Isla, que alberga una población penal per cápita que está entre las primeras del mundo", denunció el OCDH.
"Las acciones represivas del pasado mes de julio han hecho que las cifras de prisioneros políticos hayan aumentado hasta cotas que no se veían en la Isla desde la década de los años 80. La utilización de supuestos delitos comunes para condenar actuaciones políticas es una práctica sistemática del Gobierno cubano y sus órganos represivos, que ha sido denunciada por el OCDH y condenada por el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU", recordó.
La ONG condenó que "el Gobierno cubano ha utilizado su talento represivo en función de silenciar a los familiares de las víctimas y a las propias víctimas de la represión del 11J, unas veces con amenazas y otras con falsas promesas".
"Estamos seguros de que el temor a las represalias silenciará a muchos, y que solo con el paso del tiempo podremos conocer en profundidad la dimensión del castigo", sostuvo.
Para el OCDH, "se han forzado algunos argumentos para aplicar delitos que no están en correspondencia con la realidad de los hechos o la interpretación cabal de estos".
"Las peticiones fiscales que aquí se anuncian son las más extremas que se conocen hasta ahora, dada la desproporción entre los delitos y la cantidad de años en prisión pedida por ellos, detalle que además denota la condición de la justicia cubana", dijo.
El OCDH desglosó las peticiones para los cubanos condenados en Mayabeque y ha señalado con iniciales a ocho de estos, por petición de las familias de no ser identificados.
Para Maikel Puig Bergolla, la Fiscalía pide por los delitos de desórdenes públicos, cinco años; desacato, un año y seis meses; instigación para delinquir, 18 años; asesinato tentado, diez años. Sanción única conjunta de 25 años de privación de libertad.
Para LMVP, por los delitos de desórdenes públicos, el régimen pide cuatro años; desacato, seis meses; desacato de la figura agravada, cuatro años; instigación a delinquir, diez años; atentado, seis años; evasión de presos, seis años. Sanción única y conjunta de 20 años de privación de libertad.
Para MDCV, por los delitos de desórdenes públicos, solicita cuatro años; desacato, un año; desacato de la figura agravada, cuatro años; instigación a delinquir, 15 años. Sanción única conjunta de 20 años de privación de libertad.
NRC, por los delitos de desórdenes públicos, tres años de privación de libertad; desacato, un año; desacato de la figura agravada, tres años; instigación a delinquir, 12 años; asesinato en tentativa, diez años. Sanción única conjunta de 18 años de privación de libertad.
La Fiscalía de Mayabeque pide para YSD, por los delitos de desórdenes públicos, un año; desacato, seis meses; desacato de la figura agravada, un año; instigación a delinquir, diez años, asesinato tentado, cinco años. Sanción única y conjunta de 15 años de privación de libertad.
Para YCP, por los delitos de desórdenes públicos, cuatro años; desacato, un año; desacato de la figura agravada, tres años; atentado, 6 años; resistencia, cuatro años; evasión de presos, seis años. Sanción única conjunta de 15 años de privación de libertad.
DRC, por los delitos de desórdenes públicos, dos años; desacato, un año; desacato de la figura agravada, dos años; atentado, cinco años. Sanción única y conjunta de ocho años de privación de libertad.
Para ERL la Fiscalía de Mayabeque pide por los delitos de desacato, un año; atentado, cinco años. Sanción única y conjunta de seis años de privación de libertad.
Por último, para NMT, por los delitos de desórdenes públicos, el régimen pide cuatro años; desacato, un año; desacato de la figura agravada, cuatro años. Sanción única y conjunta de seis años de privación de libertad.
También en La Habana la Fiscalía ha emitido peticiones de condena exorbitantes contra casi 80 manifestantes del 11J en los municipios de Arroyo Naranjo y Diez de Octubre. El grupo Justicia 11J denunció el caso de varios adolescentes y menores de 18 años que se enfrentan hasta 25 años de cárcel y contra quienes el régimen está utilizando el delito de sedición.
