Un mes cumple la prohibición de entrar a Cuba para la periodista Karla Pérez González. "En ese lugar triste me han colocado a la fuerza", dijo la joven días después de que las autoridades cubanas le impidieran la entrada a su propio país. El Gobierno de Cuba, aunque lo niega, fomenta las situaciones de ilegalidad entre cubanos emigrantes, deposita sus responsabilidades en otros gobiernos y, de paso, se quita de arriba las voces que le son incómodas.
Pérez González tuvo que salir hacia Costa Rica hace cuatro años, después de que las autoridades cubanas la expulsaran de la Universidad Central de Las Villas. En ese país centroamericano terminó sus estudios universitarios y aguarda ahora por la resolución de una petición de asilo.
"Quiero agradecer primero a Costa Rica, el gran país que ha sido mi casa durante los últimos cuatro años y, sin ninguna obligación, ha realizado un enorme acto de humanidad", ha expresado Pérez González.
Como advirtió el jurista cubano Julio César Guanche, invocar "el derecho del Estado cubano a defenderse", esgrimido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) para justificar la prohibición de entrada al país de Pérez González, va "contra los estándares internacionales en materia de derecho al retorno y contra la propia legislación cubana".
La Habana viola otra vez el Artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país".
Sin embargo, al régimen poco le importa. No es la primera vez que utiliza mecanismos para librarse de quienes disienten y, de paso, imponer castigo a quienes aplica tales prohibiciones.
Para ello se sirve del Artículo 24 inciso e) del Decreto-Ley 302 "Modificativo de la Ley número 1312, Ley de Migración, que señala como "inadmisible a toda persona que tenga prohibida su entrada al país, por estar declarado indeseable o expulsado".
El Cronograma Legislativo actual prevé una nueva Ley de Migración. En esta nueva norma debería establecerse el alcance y los requisitos para que una persona sea declarada indeseable, además de un procedimiento para que los perjudicados reclamen sus derechos, criterios hasta hoy desechados.
Esta especie de aliviadero político, utilizado desde inicios de la Revolución, ha dejado a cientos de cubanos apátridas forzosamente.
En un discurso pronunciado el 14 de junio de 1980 en Las Tunas, Fidel Castro afirmó: "(…) no hay que preocuparse de que perdamos un poco de partes blandas. Nos quedamos con los músculos y con el hueso del pueblo. Con eso nos quedamos, con las partes duras. Son las partes duras de un pueblo las que son capaces de cualquier cosa. Y a esas partes duras, que son muchas, hay que respetarlas, porque tienen una fuerza impresionante (…) Nos quedamos, además, con el cerebro y con el corazón, y los pies bien puestos sobre la tierra. Con las partes blandas, cirugía plástica".
Esa "cirugía plástica" la practicó cuando propició el éxodo del Mariel, entre abril y octubre de 1980, a raíz de los incidentes en la Embajada del Perú. En apenas siete meses, más de 125.000 cubanos salieron de la Isla con destino a Estados Unidos.
Castro aprovechó para vaciar las cárceles de presos comunes, una decisión que tendría consecuencias para Miami, donde se quedaron la mayoría de los cubanos que salieron en esta ola migratoria.
En la historia más reciente, el Gobierno de Cuba volvió a emplear el destierro para deshacerse de un número significativo de figuras de la oposición a raíz de la Primavera Negra.
En aquella batida de 2003 el régimen cubano envió a la cárcel a 75 disidentes. En pocos días, los detenidos fueron condenados en juicios sin garantías procesales a penas de hasta 28 años de cárcel. El régimen los acusó de intentar "subvertir la revolución" y de estar al servicio de Estados Unidos. Muchos de los condenados eran periodistas independientes, como Karla Pérez.
Algunos fueron excarcelados con una licencia extrapenal por razones de salud, pero la mayoría permaneció en prisión hasta 2010, cuando el Gobierno cubano los presionó para que aceptaran la deportación a España.
Este otro movimiento de "limpieza" fue posible por un acuerdo entre el régimen, la Iglesia Católica cubana y el Gobierno español.
El éxodo del Mariel y el destierro de los integrantes del Grupo de los 75 son dos grandes muestras de la manera en que el Gobierno de La Habana se deshace de los ciudadanos incómodos y de paso impone cargas a terceros otros gobiernos. Sin embargo, hay otros muchos ejemplos de ciudadanos cubanos que son impedidos de entrar a su país. También los hay de expulsiones.
En 2019, la ONG Cuban Prisoners Defenders presentó el informe "Expatriaciones forzosas masivas en Cuba". En este documento recogió 77 casos, 35 víctimas de expatriación forzosa y 42 de amenazas de expatriación forzosa, la mayoría contra activistas de derechos humanos residentes en la Isla.
Entre los casos más escandalosos estuvo el de Eliécer Góngora Izaguirre quien, según su propio relato, "fue llevado por la fuerza al aeropuerto, y posteriormente fue obligado a tomar un avión de Aruba Airlines con destino a Guyana, sin haber comprado y recibido personalmente un boleto de embarque".
