La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) denunció la intención del régimen cubano de "reinstalar el telón de acero informativo que existió antes de la presencia en Cuba de internet y los teléfonos celulares".
La organización con sede en Miami hizo la declaración mientras escala la feroz campaña de criminalización contra activistas y opositores en los medios oficiales, desatada a raíz del plantón del Movimiento San Isidro (MSI) para reclamar la liberación del rapero Denis Solís, y la posterior concentración de cientos de personas ante el Ministerio de Cultura el 27 de noviembre pasado para exigir el cese de la violencia política en la Isla.
"El propósito de la nueva campaña de descrédito contra los periodistas independientes cubanos es dejar caer una cortina de hierro informativa sobre la población. Como renunciar a Internet y los teléfonos celulares no
es posible sin perder cientos de millones de dólares, prefieren una operación quirúrgica contra los periodistas independientes y sus medios de comunicación", advirtió la FDHC.
"Todo el poder del Estado totalitario volcado contra un puñado de ciudadanos sin otro escudo que su credibilidad: asesinar su reputación, confiscar celulares, laptops y propiedades, desterrarlos dentro de su propio país, impedir que salgan a la calle, detenerlos, interrogarlos, encarcelarlos –como antes hicieron con Roberto Quiñones Haces– y otras canalladas", precisó la nota.
La Fundación subrayó que para ello el régimen "dispone a su libre antojo del presupuesto nacional y de los miles de millones de dólares que nadie fiscaliza y obtienen del robo a los salarios de los médicos en el exterior, las remesas y de los precios abusivos en sus tiendas dolarizadas".
"Si recibir dinero de una fuente exterior equivale a ser mercenario deben poner en prisión a buena parte del Gobierno, comenzando por Mariela Castro Espín. Sus instituciones y falsas ONGs han recibido muy generosos
financiamientos de fuentes extranjeras como son, entre muchos otros, la Fundación Ford, Open Society, Cristopher Reynolds, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), la Academia Británica, el Consejo para las Investigaciones en las Artes y las Humanidades (AHRC), el Fondo Leverhulme, así como los millones de euros que han sido canalizados por las agencias de cooperación de diversos países europeos".
"Aún así se saben derrotados. Sin borrar del mapa a estos valientes heraldos de la información no se sienten capaces de ganar la desigual competencia que hoy sostienen con ellos. Es muy sencillo. Sus voceros no actúan como periodistas, sino como propagandistas. Los que están apresurados en aniquilar son hoy los genuinos representantes del periodismo cubano bajo el totalitarismo. No lo lograrán", terminó la declaración.
Días atrás, Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su balance anual advirtió que Cuba es uno de "los Gobiernos autoritarios" de América Latina que intensificaron "la caza de los periodistas críticos, independientes y disidentes" en 2020, en plena crisis de la pandemia de coronavirus.
"Para los Gobiernos autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel en Cuba, la crisis sanitaria ha sido una bendición para intensificar la caza de periodistas críticos, independientes y disidentes", apuntó RSF.
También el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) mostró su preocupación horas atrás ante la "criminalización de periodistas y medios independientes por parte del Gobierno de Cuba", lo cual temen pueda ser la antesala de una nueva ola represiva.
"El Gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz ha intensificado en las últimas semanas la criminalización de activistas de la sociedad civil y la prensa independiente, usando los medios de comunicación controlados por el Partido Comunista como herramienta para la descalificación y el descrédito", indicó la organización en un comunicado.
