El Buró de Democracia, Trabajo y Derechos Humanos de EEUU denunció públicamente el caso del músico contestatario cubano Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión en proceso sumario por el supuesto delito de desacato y mostró preocupación por sus actuales condiciones.
El ente federal se pronunció días después de que el integrante del Movimiento San Isidro (MSI) fuera trasladado de la prisión de Valle Grande al Combinado del Este, el mayor centro penitenciario de Cuba.
"Juicio sumario y ahora prisión de máxima seguridad por el presunto delito de 'desacato'. El Gobierno cubano está tratando de aplastar a Denis Solís porque el Movimiento San Isidro defendió los derechos que todo cubano merece: la libertad de expresión", sostuvo el buró en Twitter.
El mensaje fue compartido por la Embajada de EEUU en Cuba, que también ha denunciado la escalada represiva desatada por el régimen cubano durante las últimas semanas.
El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho mostró preocupación por el movimiento y lo calificó como arbitrariedad.
Recordó en su perfil de Facebook que en el Combinado de Este "cumplen condena personas que han cometido delitos como asesinato, ultraje sexual, violación, tenencia y venta de drogas o malversación y son sancionados de 8 años en adelante de privación de libertad.
La condena del activista cubano Denis Solís a ocho meses de cárcel ha desatado indignación en la sociedad civil independiente, una contundente protesta del Movimiento San Isidro (MSI), al cual pertenece, y la represión del régimen, que ha aplicado la fuerza en vez de la ley.
La reacción del Movimiento San Isidro es consecuencia de la arbitrariedad del encarcelamiento de Solís, que ha sido provocado y ha estado basado en un delito que no cometió. La situación del activista muestra la debilidad del sistema judicial cubano y su utilización por parte de la Seguridad del Estado para "legitimar" la represión, como ha mostrado DIARIO DE CUBA.
El plantón del MSI, además, provocó una ola solidaria que terminó con más 300 personas concentradas frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) el pasado 27 de noviembre y un encuentro de 30 personas, entre ellos artistas y periodistas independientes con los que más tarde el Gobierno rompió cualquier posibilidad de diálogo y contra quienes ha desatado una feroz campaña de criminalización y descrédito. Además, tiene sobre ellos una vigilancia y cerco a sus viviendas que los mantienen en una especie de arresto domiciliario.
