El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) difundió un informe en el que califica la detención del opositor cubano José Daniel Ferrer como arbitraria, pues se llevó a cabo solo por el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión, así como su derecho a la libertad de reunión y participación política, entre otros.
La organización defensora de los derechos humanos Cuban Prisoners Defenders (CPD) difundió los resultados del informe a través de sus redes sociales, entre los que se puede leer que no se desarrolló un juicio imparcial al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cuya sentencia fue tomada como "resultado de una discriminación de pensamiento y opinión".
El organismo de la ONU advirtió que el procedimiento contra Ferrer se encuadra "en la práctica sistemática de detenciones arbitrarias (…) llevadas a cabo por las autoridades en Cuba durante décadas en contra de personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones ciudadanas o que participan en actividades públicas y comunales que resultan incómodas para las autoridades gubernamentales".
"El Grupo de Trabajo quisiera destacar que este no es el primer caso sobre privaciones arbitrarias de la libertad en Cuba que ha analizado en los últimos años. Las conclusiones alcanzadas (…) respecto a Cuba muestran un problema sistemático de detenciones arbitrarias", se puede leer en el informe.
Según la información recabada por la institución, "Ferrer no pudo acceder ni contactar con abogado de su elección, pero además fue coaccionado mediante amenazas y torturas a firmar una confesión".
Para la reparación de los daños sufridos por el líder de la UNPACU la organización recomienda "dejar inmediatamente sin efecto la orden de arresto domiciliario" que pesa sobre el opositor, así como la concesión de "el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación".
Con la sentencia emitida por la dependencia de la ONU se da la razón al Parlamento Europeo, que presentó una resolución multipartidista el pasado 28 de noviembre, así como al Departamento de Estado de EEUU, que mostró su apoyo al pedido de libertad de Ferrer al igual que a figuras como Luis Almagro, Josep Borrell o el propio Joe Biden, quienes hicieron públicas sus críticas al proceso.
La organización de Naciones Unidas ha acusado a La Habana en el último año por la comisión de crímenes de lesa humanidad tales como "esclavismo", "persecución" y "otros actos inhumanos", debido a las llamadas misiones médicas, en las que participan unas 50.000 personas cada año.
También han recaído sobre el Gobierno de la Isla acusaciones por "encarcelación arbitraria", "desaparición forzada", "tortura", "persecución", "deportación o traslado forzoso de población", "persecución por motivos religiosos" y "otros actos inhumanos" contra miembros de la sociedad civil.
"En los últimos meses se ha podido comprobar por Naciones Unidas y sus mecanismos de defensa de los derechos humanos, con una especial mención honorífica al trabajo de los relatores y funcionarios que luchan por los derechos humanos, cómo Cuba practica de forma sistemática y con total impunidad al menos siete tipos de entre los 11 crímenes de lesa humanidad definidos por el Estatuto de Roma", explica CPD en su comunicado.
José Daniel Ferrer y otros tres miembros de su organización permanecieron encarcelados desde marzo de 2019 hasta abril de 2020 por presuntos delitos comunes de "lesiones", "privación de libertad" y "atentado", pero tras numerosas presiones internacionales fueron liberados con sentencias de entre cuatro y cinco años, las cuales cumplen en sus domicilios.
