La ONG Cuban Prisoners Defenders sumó tres nuevos presos políticos al listado que publica cada mes con la cifra de reos de ese tipo en cárceles cubanas, y que según la relación suman 137 al cierre de octubre.
Los dos nuevos convictos de conciencia incluidos en el listado son Pablo Moya Delá y Yordanys Labrada Téllez, ambos militantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), mientras que Jorge Ernesto Pérez García, uno de los individuos acusados por el régimen cubano por su presunta participación en el grupo Clandestinos, entró a la relación.
El informe alertó que en los pasados días fueron detenidos otros dos activistas de la UNPACU: los hermanos Osvaldo y Osmani Mendoza Ferriol, "que podrían enfrentar un caso judicial fabricado de 'Desacato' y por tanto sumar otros dos casos más en este mes".
En octubre cuatro presos políticos completaron su sanción: William Esmérido Cruz Delgado, Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio, y Alexander Palacio Reyes; mientras que Miguel Álvarez Sánchez, hasta octubre en prisión, obtuvo una licencia extrapenal debido a sus problemas de salud terminales.
También durante el mes recién finalizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, tras un proceso de arbitraje, medidas cautelares de protección internacional a favor de Maikel Herrera Bones, miembro de la UNPACU, quien permanece en prisión provisional por más de seis meses sin que se le haya celebrado juicio.
De la lista de Prisoners Defenders, la CIDH ha otorgado hasta el momento medidas cautelares de protección internacional a 14 encarcelados.
A fines de mes el régimen celebró juicios a Didier Eduardo Almagro Toledo, músico contestatario de 23 años de edad, en prisión provisional, y a Yordanys Labrada Téllez, de la UNPACU, condenado a diez meses a causa del presunto impago de multas "fabricadas y falsas".
La ONG puntualizó que en tales procesos se ha violado todo procedimiento legal. Otro activista de la UNPACU, Eider Frómeta Allen, enfrenta "un proceso por un delito falso, fabricado una vez más mientras estaba en prisión, para poder condenarlo y que permanezca preso".
Aparte de estos, hay 29 condenados de conciencia cumpliendo trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad o de libertad condicional bajo amenazas.
Asimismo, Cuban Prisoners recordó que 11.000 personas guardan prisión en Cuba, con penas de entre uno y cuatro años, bajo lo que el régimen califica como medidas de seguridad predelictivas, que aplica a individuos de posturas críticas y a opositores.
